1332 CC. CASACIÓN N.° 5891-2022-CALLAO: EQUIDAD, CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO Y CONTROL CASATORIO DE LA MOTIVACIÓN

1332 CC. CASACIÓN N.° 5891-2022-CALLAO: EQUIDAD, CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO Y CONTROL CASATORIO DE LA MOTIVACIÓN

Por Iván Oré Chávez. Abogado

Sumilla

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO — EQUIDAD — MOTIVACIÓN: Cuando la existencia del daño está acreditada pero su monto exacto no puede probarse, el artículo 1332 del Código Civil permite su valoración equitativa; sin embargo, el juez debe identificar parámetros objetivos del caso y explicar cómo estos conducen al quantum establecido. La fijación de una suma o porcentaje sin ese enlace argumentativo configura deficiencia de justificación externa y motivación aparente, y la determinación sustancial del quantum no puede trasladarse a ejecución de sentencia.

La Casación N.° 5891-2022-Callao resulta especialmente útil para la construcción de futuros recursos de casación porque muestra cómo un problema de cuantificación indemnizatoria puede generar, simultáneamente, un error en la aplicación del derecho objetivo y un defecto de motivación. El caso permite trabajar principalmente con las causales previstas en los incisos 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil.

El proceso tuvo como antecedente el cese de un Fiscal Provincial Penal del Callao, producido en enero de 1993, cuya reincorporación fue ordenada judicialmente aproximadamente diez años después. A partir de ello se promovió una demanda por daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. La primera instancia declaró fundada en parte la demanda y consideró que la pérdida económica producida durante el período de separación debía ser tratada como lucro cesante.

El Juzgado distinguió formalmente entre daño emergente y lucro cesante, pero terminó vinculando este último con las remuneraciones, bonos, gastos operativos y demás conceptos que se habrían percibido durante el período de cese. En la práctica, construyó el lucro cesante sobre los haberes dejados de percibir.

La Sala Superior corrigió parcialmente ese razonamiento. Estableció que el lucro cesante y las remuneraciones dejadas de percibir tienen distinta naturaleza jurídica. El primero constituye una pérdida de ganancia o utilidad económica; las segundas tienen naturaleza retributiva. Las remuneraciones podían servir como referencia, pero no identificarse automáticamente con el lucro cesante.

La propia Sala identificó además circunstancias que incidían en la cuantificación. Durante el período de cese existió percepción de una pensión y también capacidad para generar otros ingresos profesionales. Por ello, el daño patrimonial no podía ser igualado al íntegro de los ingresos laborales frustrados.

Hasta allí, el razonamiento era comprensible. El problema aparece cuando, invocando el artículo 1332 del Código Civil, la Sala dispone una reducción prudencial y establece como lucro cesante el 50 % de las remuneraciones no percibidas, dejando además el cálculo definitivo para ejecución de sentencia. La sentencia explicaba por qué el monto debía ser reducido, pero no explicaba por qué esa reducción debía ser exactamente del 50 %. Los hechos permitían afirmar que el perjuicio era menor al íntegro de las remuneraciones frustradas, pero no permitían deducir por sí solos ese porcentaje específico.

Causal del artículo 388 inciso 3: indebida aplicación o errónea interpretación del artículo 1332 del Código Civil

La primera causal relevante surge de la forma en que la Sala utilizó el artículo 1332 del Código Civil. El artículo 1331 establece que quien reclama una indemnización debe acreditar la existencia del daño y su cuantía. El artículo 1332 permite que, cuando el monto exacto no pueda ser probado, el juez realice una valoración equitativa. La Corte Suprema recuerda expresamente esta relación entre ambas normas.

Sin embargo, la valoración equitativa no significa libertad para escoger intuitivamente una cifra. El artículo 1332 soluciona la imposibilidad de acreditar matemáticamente el monto exacto del daño, pero no elimina el deber del juzgador de justificar cómo llega al quantum. En el caso analizado, la Sala identificó la existencia de otros ingresos, una pensión y capacidad profesional para generar recursos, pero convirtió esas circunstancias en una reducción del 50 % sin explicar cómo cada uno de esos factores incidía cuantitativamente en el resultado.

Allí se configura el problema propio del artículo 388 inciso 3 del Código Procesal Civil. La norma material es aplicada como si la equidad autorizara una determinación porcentual puramente prudencial, cuando el artículo 1332 exige que esa valoración siga sustentándose en circunstancias objetivas del caso. La Corte Suprema precisa una serie de factores que podían ser empleados: edad al momento del cese, proximidad a la jubilación, percepción de pensión, reincorporación posterior, carga familiar, otros ingresos obtenidos, posibilidad efectiva de trabajar, gastos necesarios para generar la utilidad y circunstancias del proceso de reincorporación.

Estos factores no constituyen una fórmula matemática cerrada. Lo que la Suprema exige es una metodología de valoración: identificar las circunstancias relevantes, determinar cómo influyen sobre la ganancia frustrada y explicar cómo esa valoración conduce al monto finalmente reconocido. La regla derivada de esta causal puede formularse así: la valoración equitativa prevista en el artículo 1332 del Código Civil no permite fijar porcentajes o sumas arbitrarias; la equidad debe descansar sobre parámetros objetivos y sobre una explicación razonada de su incidencia en el quantum.

Por tanto, cuando el juez utiliza el artículo 1332 como una autorización para escoger discrecionalmente una cifra, puede denunciarse la indebida aplicación o errónea interpretación de la norma, conforme al artículo 388 inciso 3 del Código Procesal Civil.

Causal del artículo 388 inciso 4: falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación

El segundo problema aparece en el plano de la motivación judicial. La Sala desarrolla varias premisas: existió un cese irregular, existió pérdida de ingresos, se percibió una pensión, existió capacidad para generar otros ingresos y, por tanto, el lucro cesante debía ser inferior al total de remuneraciones no percibidas. Hasta ese punto existe una secuencia argumentativa reconocible.

El problema surge en la conclusión: corresponde el 50 %. La sentencia no proporciona la premisa que permita conectar racionalmente los hechos anteriores con ese porcentaje específico. Puede entenderse por qué había que reducir, pero no por qué había que reducir exactamente a la mitad. Este defecto encaja directamente en el artículo 388 inciso 4 del Código Procesal Civil, referido a la falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación.

Desde la clasificación del Tribunal Constitucional aparecen principalmente dos defectos. El primero es M3 — deficiencia en la justificación externa, porque las premisas utilizadas para llegar al quantum no se encuentran suficientemente justificadas. La sentencia afirma que determinados hechos producen una reducción del 50 %, pero no explica el vínculo cuantitativo entre ambos. El segundo es M1 — motivación aparente, porque formalmente existen normas, doctrina, jurisprudencia, hechos y argumentos, pero el contenido desarrollado no explica realmente la decisión concreta adoptada.

La propia Corte Suprema concluye que la sentencia de vista carece de adecuada justificación externa y presenta motivación aparente porque no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión. Este criterio es especialmente importante para futuros recursos. Una sentencia puede ser extensa, contener numerosas citas jurisprudenciales y desarrollar conceptos jurídicos correctos y, aun así, estar deficientemente motivada si no permite reconstruir racionalmente cómo las premisas conducen a la conclusión.

El mismo problema aparece respecto del daño moral. La Sala considera que las circunstancias del cese permitían inferir una afectación a la dignidad, honor y reputación, pero reduce la indemnización de S/ 50 000 a S/ 20 000 sin desarrollar criterios suficientes que expliquen por qué esa lesión debía ser valorada precisamente en esa suma. La Corte Suprema observa además que no se había valorado si la afectación psicológica era leve, moderada o grave, ni se habían desarrollado parámetros que permitieran verificar la correspondencia entre la lesión y el monto reconocido.

La regla derivada de esta causal puede formularse así: existe defecto de motivación cuando la sentencia contiene premisas fácticas y jurídicas, pero no explica cómo ellas conducen al quantum concretamente establecido. La ausencia de ese enlace argumentativo configura deficiencia de justificación externa y puede convertir la motivación en meramente aparente.

El traslado indebido del quantum a ejecución de sentencia

La casación contiene además un criterio procesal complementario. La Sala Superior había dispuesto que el lucro cesante fuera calculado posteriormente en ejecución de sentencia. La Suprema considera que ello supone trasladar a una etapa posterior una cuestión que formaba parte del objeto mismo de la controversia. La cuantificación sustancial del daño debía ser resuelta en la sentencia y no diferida como si solamente quedara pendiente una operación aritmética.

La ejecución puede desarrollar operaciones necesarias para hacer efectivo lo ya decidido, pero no sustituir la decisión sobre una cuestión de fondo. Por eso, cuando el quantum forma parte de los puntos controvertidos, el órgano jurisdiccional debe dejar establecidas en la propia sentencia las bases suficientes para determinar el monto indemnizatorio.

Articulación entre ambas causales

Las causales de los incisos 3 y 4 pueden concurrir en un mismo caso, pero deben formularse separadamente. La primera cuestiona la aplicación del derecho objetivo; la segunda cuestiona la estructura racional de la decisión judicial. La secuencia puede expresarse así: artículo 1332 CC aplicado como facultad discrecional → causal 388.3; fijación de una suma o porcentaje sin conexión entre premisas y conclusión → causal 388.4.

Esta distinción es importante porque el artículo 391 exige que cada causal sea desarrollada separadamente, identificando la norma infringida, el fundamento correspondiente y la aplicación que se pretende. En un futuro recurso no bastará afirmar conjuntamente que existió “mala aplicación de la ley y falta de motivación”; habrá que mostrar primero qué interpretación o aplicación incorrecta se hizo del artículo 1332 y, después, cuál es el defecto lógico o justificativo observable en el propio tenor de la sentencia.

Conclusión

La Casación N.° 5891-2022-Callao no debe ser reducida a un precedente sobre cese de funcionarios o remuneraciones frustradas. Su utilidad es considerablemente más amplia. La ejecutoria establece que la equidad del artículo 1332 del Código Civil no sustituye la prueba por intuición judicial. Cuando el monto exacto del daño no puede acreditarse, el juez puede determinarlo equitativamente, pero debe identificar las circunstancias objetivas del caso y explicar cómo esas circunstancias conducen al quantum.

Si utiliza la equidad como una autorización para fijar discrecionalmente una cantidad, aparece la causal del artículo 388 inciso 3. Si además la sentencia no permite comprender racionalmente cómo sus premisas conducen a la cifra establecida, aparece la causal del artículo 388 inciso 4. La fórmula que conviene conservar en el banco jurisprudencial es la siguiente: daño acreditado + imposibilidad de probar exactamente el monto = valoración equitativa del artículo 1332 CC; valoración equitativa sin parámetros objetivos = causal 388.3; quantum sin conexión racional con las premisas = causal 388.4.

Ese es el verdadero valor práctico de esta casación para futuros recursos: ofrece una estructura replicable para cuestionar decisiones indemnizatorias en las que la equidad ha sido utilizada como sustituto de la justificación judicial.