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miércoles, 29 de febrero de 2012

MESA REDONDA: LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL

MESA REDONDA: LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
“La autonomía del P.J. no se viola si el Presidente de la República (como cualquier ciudadano) se escandaliza frente a fallos emitidos por los jueces. La autonomía se viola cuando se hacen las cosas que se hicieron durante el gobierno autocrático de Fujimori. Ningún juez se puede sentir “violado” en su independencia porque desde el Poder Ejecutivo le critican su sentencia. Si el Poder Ejecutivo no se limitara a criticar sino tomara medidas de cese de magistrados, que en un régimen constitucional como en el que estamos no es posible, entendería la alarma de ciertos jueces”.
RAÚL FERRERO COSTA
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(*) Socio del Estudio Ferrero & Abogados.
1. ¿NOS ENCONTRAMOS EN EL MOMENTO ADECUADO PARA INICIAR UNA REFORMA PROFUNDA DE LAS ESTRUCTURAS DEL PODER JUDICIAL?
Obviamente sí. La reforma del P.J. es siempre un tema pendiente en la agenda porque él padece de males que son endémicos y como tales sin solución. Ciertamente el gobierno marcadamente autocrático fujimorista lo puso en su nivel más bajo y curiosamente para “reformarlo”. Si el P.J. nunca ha logrado alcanzar el nivel buscado, la situación de precariedad de los magistrados derivada de la provisionalidad que arrancó con el cese de los magistrados tras el 5 de abril de 1992 lo ha hecho tocar fondo.
En realidad ya se ha perdido mucho tiempo desde que se regresó a la institucionalidad democrática y aún no se puede observar una mejoría.
Si ahora se habla tanto de “reformar” el P.J. es porque ya no se puede seguir en la situación en la que estamos. Además estamos en plena reforma constitucional y la reforma del P.J. debe ir de la mano con la reforma de la Constitución, en aras de construir un P.J. para los ciudadanos.
2. ¿CUÁL CREE UD. DEBE SER EL PRIMER PASO DE LA REFORMA?
El primer paso ya ha sido tomado por el Presidente de la Corte Suprema y consiste en admitir que el problema existe. Normalmente se negaba ahora por lo menos se admite y se proponen caminos de solución desde adentro lo que está (psicológicamente) muy bien. Siempre el camino a la curación se inicia cuando el enfermo admite que lo está y no se atribuyen las «culpas» a otros.
Ahora hay que tener en cuenta que la mejoría del Poder Judicial no depende sólo del Poder Judicial, depende de muchos factores. El más grave mal que aqueja a la magistratura es la excesiva provisionalidad que aún subsiste, lo que hace que los magistrados provisionales no cuenten con las garantías (que son las garantías de los justiciables) que la Constitución vigente les asegura (en particular la inamovilidad). Ello no depende del P.J. sino del Consejo Nacional de la Magistratura que es un órgano único (no descentralizado y muy pequeño) que por más esfuerzos que haga en la convocatoria a concurso no puede llenar con la velocidad que todos querríamos todas las plazas vacantes además las evaluaciones de los candidatos deben hacerse con seriedad, así que el problema de la provisionalidad no se resuelve en el corto plazo.
Se debería, en el ínterin, recurrirse a los magistrados suplentes, como se hacía antaño para cubrir interinamente las plazas de los magistrados en vacaciones. Antes era un honor ser juez suplente por un breve período. Hoy las plazas vacantes sí se suplen con “suplentes” pero no lo son por breves períodos sino por muy largos. Hay que, conforme a la vigente L.O. P.J. tratar de cubrir las plazas vacantes de los magistrados de la base del P.J. (jueces de paz letrados, jueces especilizados) con abogados adecuadamente seleccionados y que asuman el puesto por un plazo breve.
Otro problema es el infraestructural que depende de los fondos del Tesoro Público y no del P.J. En ello tiene que colaborar el P.Ejecutivo, y en particular el Ministerio de Economía y Finanzas.
¿Qué puede hacer el P.J. desde dentro? Pues organizar mejor los recursos existentes, tanto los recursos humanos (magistrados y personal auxiliar) como los materiales, para poder brindar dentro de lo posible un discreto servicio a quien lo pide.
En cuanto a la corrupción que existe (y existirá siempre) no hay más forma de evitarla que un adecuado mecanismo de control y sanción. El CNM ha reclamado para sí toda la función disciplinaria, lo cual nos parece bien. Los magitrados del p.j. deben mayormente dedicarse a la función jurisdiccional y no distraerse en disciplina interna ni en funciones latamente administrativas.
3. EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES DEBERÍAN SER LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN UNA EVENTUAL REFORMA DEL PODER JUDICIAL?
Aparte de los ya mencionados (solución a la provisionalidad, racionalizar los recursos existentes, control de la corrupción) deberían hacerse relevaciones estadísticas sobre el número de magistrados que realmente se necesitan para los procesos existentes y los que vendrán, de ser el caso a ello debería contribuir el Instituto Nacional de Estadística. Se impone un censo judicial hecho por especialistas. En todos los países los Institutos de Estadísticas abarcan también el sector judicial. Las estadísticas nos muestran como andamos y bien estudiadas nos pueden guiar científicamente en el aporte de soluciones. Toda solución pasa siempre por un diagnóstico científico. Las cifras muchas veces nos permiten entender cosas que sólo intuimos pero no tenemos la certeza.
4. EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, A PROPÓSITO DE LOS FALLOS EMITIDOS POR EL PODER JUDICIAL EN EL CASO MONTESINOS Y DE FALSIFICACIÓN DE FIRMAS, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE HA PRONUNCIADO DURAMENTE CONTRA DICHO PODER DEL ESTADO; DONDE INCLUSO ALGUNOS HAN SEÑALADO QUE SE TRATA DE UNA VIOLACIÓN DE SU AUTONOMÍA. EN ESE SENTIDO, ¿CONSIDERA UD. QUE LAS OPINIONES DEL PRESIDENTE POLITIZAN UNA EVENTUAL REFORMA Y, POR ENDE, LA INVALIDA?
No creo. La autonomía del P.J. no se viola si el Presidente de la República (como cualquier ciudadano) se escandaliza frente a fallos emitidos por los jueces. La autonomía se viola cuando se hacen las cosas que se hicieron durante el gobierno autocrático de Fujimori. Ningún juez se puede sentir “violado” en su independencia porque desde el Poder Ejecutivo le critican su sentencia. Si el Poder Ejecutivo no se limitara a criticar sino tomara medidas de cese de magistrados, que en un régimen constitucional como en el que estamos no es posible, entendería la alarma de ciertos jueces.
El Poder Ejecutivo nada puede hacer para que los jueces cambien sus decisiones, salvo impugnarlas cuando el Estado es parte. Por lo demás se ha exagerado en las consecuencias de las declaraciones del presidente de la República. Lo que pasa es que estamos todavía bajo el shock del gobierno anterior y pensamos que se va a repetir la historia, cosa que no creo que pueda pasar y si pasara no creo que nos quedaríamos tranquilos.
Hay que entender que los jueces son humanos y se equivocan, y cuando se equivocan hay que tener los mecanismos para que esos errores puedan, en lo posible, enmendarse, pero siempre por otros jueces, en ningún caso desde fuera.
5. ¿DEBERÍA LA CIUDADANÍA INTERVENIR EN ESTE PROCESO DE REFORMA, SI SE DECIDE FINALMENTE LLEVARLO A CABO? ¿DE QUÉ MANERA PODRÍA LOGRARSE ESTA INTERVENCIÓN?
La reforma debe hacerse a varios niveles: en el legislativo con la reforma de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y a través de la reforma de las leyes procesales. A nivel interno mejorando el servicio prestado. A nivel del CNM que tiene a la sociedad civil representada debe tener voluntad para sancionar a quien corresponda. La ciudadanía (que para el P.J. son los justiciables) puede tener su papel a través de la promoción de instancias de control de los magistrados que tengan una conducta sospechosa. Yo no veo cómo pueda hacerse intervenir a la «masa» de la ciudadanía.
6. EN UNA ENTREVISTA TELEVISIVA, EL DR. MARCIAL RUBIO OPINABA QUE EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DEBERÍA SER ELEGIDO POR VOTO POPULAR Y NO MEDIANTE NOMBRAMIENTO, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA GOZAR DE LEGITIMIDAD POPULAR; PROPUESTA QUE SE VIABILIZARÍA MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN COLEGIO ELECTORAL. DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿CONSIDERA ACERTADA ESTA PROPUESTA, O EN TODO CASO, CUÁL SERÍA EL MECANISMO MÁS ADECUADO DE ELECCIÓN?
La propuesta responde a una lógica equivocada: el Presidente de la Corte Suprema no tiene por qué tener una legitimación popular. El único presidente de un poder del estado que es elegido directamente por voto popular es el presidente de la República (que es a su vez presidente del gobierno). Ni el presidente del Congreso ni el del Consejo de Ministros son elegidos directamente, y esos son órganos políticos, por qué tendría que serlo el del poder «no político».
Ello no resolvería nada, en principio porque el Presidente de la Corte Suprema cumple funciones administrativas (internas) y representativo-protocolares (externas). El verdadero problema son los jueces, los que juzgan que deben ser “buenos jueces”, y ello se desprende de su trabajo como tales y hay que descartar cualquier forma de elección popular de los jueces porque ello si tiende a la politización. El Presidente de la Corte Suprema debe serlo por un criterio objetivo: simple antigüedad en el cargo de magistrado.
7. FINALMENTE, ES SABIDO POR TODOS QUE NO SON PRECISAMENTE LOS MEJORES CUADROS DE PROFESIONALES QUIENES TIENEN AL PODER JUDICIAL COMO OPCIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL; PERMITIENDO CON ELLO, QUE LOS ESTUDIOS DE ABOGADOS O LAS GRANDES EMPRESAS LOS ATRAIGAN A SU SENO. ¿QUÉ DEBE HACERSE PARA LOGRAR EL EFECTO CONTRARIO, ES DECIR, QUE ABOGADOS DE PRIMER NIVEL ASPIREN A LA MAGISTRATURA?
Se suele decir eso. Habría que ver que tan cierto es. La magistratura es una opción vital, es una vocación. No cualquiera puede ser juez. Debe contar con algo muy difícil: poder ser tercero e imparcial frente a las partes (demandante/demandado; acusador/ acusado). Ciertamente si todos dicen que los «malos» abogados (o los fracasados) van al P.J. no se estimula mucho a los jóvenes abogados para preparar su mente a ser magistrado. Hay que tener mucho cuidado cuando se estigmatiza a la magistratura porque si seguimos así nunca encontraremos una solución.