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miércoles, 29 de febrero de 2012

CORRUPCIÓN, ESTADO DE DERECHO Y PODER JUDICIAL EN EL PERÚ - Reflexiones a propósito de un “vladivideo”

CORRUPCIÓN, ESTADO DE DERECHO Y PODER JUDICIAL EN EL PERÚ - Reflexiones a propósito de un “vladivideo”
Reynaldo BUSTAMANTE ALARCÓN(*)(PERÚ)
-------------------------------------------Abogado. Profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adscrito a la Maestría en Derecho, con mención en Derecho Constitucional, de esa Casa de Estudios.
Sumario: I. A modo de introducción: la revelación de un “vladivideo”.- II. Corrupción y crisis del Estado de Derecho peruano. El “sometimiento” del Poder Judicial.- 2.1. ¿Qué debemos entender por corrupción?.- 2.2. La crisis del Estado de Derecho en el Perú. La “dependencia” del poder judicial.- III. La realidad política peruana del último quinquenio.- IV. Las interpretaciones culturales de la sociedad y de la política.- V. La legislación desinstitucionalizadora y la corrupción del Poder Judicial en el Perú.- VI. A modo de conclusión.- VII. Bibliografía.
A MODO DE INTRODUCCIÓN: LA REVELACIÓN DE UN “VLADIVIDEO”
Uno de los llamados “vladivideos” que se exhiben en la segunda legislatura ordinaria del Congreso de la República del año 2000, muestra a Vladimiro Montesinos, “hombre fuerte” del régimen del Presidente Alberto Fujimori y a la sazón, responsable en los hechos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en una conversación con uno de los Vocales de la Corte Suprema de la República llevada a cabo el 19 de mayo de 1998 en una de las oficinas del SIN. Parte sustancial de la conversación se refiere a un proceso judicial en trámite donde confluyen intereses de empresas francesas, estadounidenses y peruanas. Dicho Vocal había sido llamado -conforme a ley- para emitir una decisión que dirimiera la discordia que se había presentado entre los otros Vocales que conocieron el proceso. Con su voto se configuraría una sentencia definitiva que resolvería el conflicto y daría por concluido el proceso. La parte pertinente de la conversación que se registra es la siguiente(1):
_ Montesinos.- ¿Cómo está?_ Vocal.- Bien.(...)_ Montesinos.- (...) anoche el Presidente quiso conversar con usted, estuvo esperando casi hasta las tres de la mañana. Estaba sumamente interesado en resolver este problema porque (...) ya se convierte en un problema de Estado, porque aquí hay de por medio dos países y un tercer país que es el Perú. Acá Estados Unidos, Francia y el Perú, si bien es cierto es el litigio de 2 empresas, perdón, de dos gobiernos, hay interesados en la solución del litigio.Y nosotros como gobierno peruano, como Estado peruano, estamos en el medio del problema, ¿por qué? Porque Estados Unidos es garante del Protocolo de Río de Janeiro. Y el Estado peruano en este momento, por el problema con el Ecuador, le conviene, como Estado y los intereses nacionales, que ese garante no nos exceptúe y podamos llegar al treinta, a la firma del Protocolo con el Ecuador. La posición americana está caminando un poco por ese lado y la otra contrapartida no nos interesa absolutamente nada._ Vocal.- Se tiene que..._ Montesinos.- La política del país en lo que es, digamos, los intereses nacionales y objetivos nacionales son cuestiones de Estado. Entonces, está en estos momentos en manos tuyas un problema que transborda lo meramente jurisdiccional, ya entra en juego intereses nacionales, estatales... (ininteligible)... en las cuales hay que ver de nuestra perspectiva y óptica.(...)Por eso que anoche lamentablemente ya no se pudo comunicar con usted el Presidente de la República, no pudo hablar directamente, pero ahora yo le transmito el encargo, porque tiene en sus manos un asunto que está en juego, ya no el Poder Judicial, sino un poco la imagen del país y sobre todo el problema de la seguridad nacional, ¿por qué el problema de la seguridad nacional? Porque nosotros tenemos como objetivo que el treinta de este mes tiene que resolverse el tema con el Ecuador y Estados Unidos es una pieza clave porque es el país más importante de los cuatro países, entonces la solución de ese problema tiene que darse y eso lo tiene usted que entender de una perspectiva, ya no es una perspectiva... (ininteligible)... pero ya cuando hay intereses nacionales..._ Vocal.- La opinión no cuenta._ Montesinos.- Ya no cuenta lamentablemente la opinión, o sea hay que apuntar en el sentido del objetivo nacional, por eso me he permitido convocarlo y explicarle las razones de estado que hay en estos momentos, transmitirle la preocupación del Presidente de la República que incluso ha querido hablar personalmente con usted, pero lamentablemente no se pudo hacer anoche, pero ahora no ha podido venir ahorita. El señor... (ininteligible)... no ha podido venir ahorita porque recién, ha llegado de Chiclayo, debe haber llegado al Grupo Ocho, debe haber llegado hace media hora, está en Palacio, debe estar acá dentro de dos horas y yo le voy a transmitir lo que he conversado con usted, le he comunicado la posición del gobierno sobre un asunto que es bastante delicado, entonces lo que queremos, doctor, le voy a ser muy claro y muy sincero, es la solución de este problema antes del treinta, porque le interesa al país y básicamente es... (ininteligible)... está en juego el interés nacional (...)_ Vocal.- Muy bien, el gobierno americano..._ Montesinos.- Así es, a nosotros no nos interesa los franceses (...) porque con ellos no tenemos relaciones comerciales, consulares, militares ni de ninguna naturaleza, no hay absolutamente nada, o sea de una perspectiva práctica, objetiva e imparcial, es un país de otro continente, es un país que no tiene nada que ver con otra óptica, no tiene nada que ver con el Ecuador, no tiene nada que ver con el Fondo Monetario, ni con el Banco Mundial, no tiene que ver nada con OEA, ni con Naciones Unidas, no está en el ámbito de la esfera de la competencia, de lo que es América Latina, entonces es un tema de palabras mayores._ Vocal.- Porque en juego está la empresa._ Montesinos.- Pero es una empresa que obedece a intereses del gobierno, no es una empresa en la cual el gobierno norteamericano pueda decir que no tiene interés. Tiene un interés, ¿por qué? Porque los intereses forman parte del grupo del conglomerado económico... (ininteligible)... una empresa que tiene un lobby, un grupo de presión al interior de la administración del presidente Clinton._ Vocal.- Claro._ Montesinos.- Estamos hablando ya de un asunto de un gobierno frente a otro gobierno, estamos hablando ya de dos personas jurídicas, si fueran Pedro, Juan, no ya acá hay peticiones de gobierno, entonces con las peticiones de gobierno nosotros tenemos que ponerlo en el platillo de la balanza qué es lo que conviene más para los intereses del Perú, no para los intereses de una empresa, los intereses nacionales; y los intereses nacionales pasan obviamente por la solución de las peticiones que nos hacen, porque eso nos da una capacidad de maniobra para poder hacer la contrapartida en un punto que sí le interesa al país, que es este tema del Ecuador.Entonces si hay un pedido, nosotros accedemos al pedido, nos da la oportunidad de que hagamos la réplica y la dúplica, entonces le decimos te hemos solucionado el problema y ahora nosotros queremos esto.(...)_ Vocal.- Ya es un problema nacional._ Montesinos.- Ya este es un problema nacional y al problema nacional hay que darle una solución nacional. _ Vocal.- Claro es otro contexto._ Montesinos.- Ya es otro contexto y en ese sentido, doctor, yo invoco su capacidad de comprensión como peruano que en el entendimiento de este problema que ahora es de mayor amplitud, van en juego muchas cosas que tienen que ver con el interés del país, sino no le hubiéramos molestado... (ininteligible)... porque usted ha visto que yo soy una persona que casi ni me meto, a pesar de ser abogado, trato de mantenerme alejado y ajeno a las cosas que ocurran... (inintelegible)... en el órgano jurisdiccional.Pero ya en estos casos uno tiene que intervenir directamente y conversar (...).
Días después este Vocal emitió su voto a favor de los intereses de la empresa norteamericana, dirimiéndose así el conflicto que se había suscitado entre los otros Vocales y configurándose una sentencia definitiva que puso fin al proceso.
La revelación de este y otros “vladivideos” puso de manifiesto el sometimiento en el que había caído el llamado Poder Judicial, en manos del gobierno o poder político de turno, dando lugar a una de las crisis más graves de nuestra historia, cuyos efectos sufrimos aún.
Nuestro propósito, en el presente ensayo, es partir de esta experiencia -resumida en dicho “vlaivideo”- para reflexionar en torno a la corrupción, el Estado de Derecho y el Poder Judicial en el Perú. Para ello nos hemos planteado un ámbito temporal: el segundo período presidencial de Alberto Fujimori (1995-2000), procurando efectuar un análisis que tenga en cuenta tres factores principales: nuestra realidad política, las interpretaciones culturales de ella y de nuestra sociedad, así como el aspecto jurídico correspondiente.
En tal sentido, empezaremos con aproximarnos a la corrupción y a la crisis del Estado de Derecho en el Perú, para referirnos luego a los factores que nos permitan determinar si el Estado de Derecho favorece o desfavorece el control y la erradicación de la corrupción en el Poder Judicial, particularmente de la corrupción motivada por el “acoso” del poder político.
CORRUPCIÓN Y CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO PERUANO. EL “SOMETIMIENTO” DEL PODER JUDICIAL
2.1. ¿Qué debemos entender por corrupción?
Preguntarnos acerca de la noción de corrupción, de lo que es en esencia, parecería ser una cuestión baladí, pues al igual que los términos “equidad” o “justicia”, todos parecen saber lo que estos términos significan, aunque no puedan definir exactamente todo lo que sus respectivos significados encierran. Sin embargo, no han sido pocos los esfuerzos de quienes han tratado de explicarla. Así, por ejemplo, JOSÉ MARÍA SIMONETTI da cuenta de diversas disquisiciones lingüísticas para definir la corrupción según sus raíces etimológicas(2). Otras, en cambio, han preferido abordarla teoréticamente tratando de encontrar sus rasgos característicos a través de la distinción entre lo público y lo privado:
“En un sentido estricto -dicen-, la corrupción consiste en volver privado lo que es público, porque hay una apropiación de lo que debe ser de todos, generalmente resultante del abuso de la prerrogativa que alguien ejerce sobre el monopolio de su uso. Se privatiza lo que, por definición, no puede ser privado; o se utilizan en situaciones públicas los procedimientos privados, lo que significa simplemente un apartamiento de los modos de comportamiento socialmente exigibles para la situación de la que se tratare(3).
Por eso, según esta perspectiva, no cualquiera puede ser corrupto, ni mucho menos corruptor en el sentido antes indicado. Por otro lado, al restringir el concepto de corrupción a la afectación del interés público, se deja de lado diversas situaciones anómalas o transgresoras que se presentan también en la esfera privada (como en una escuela, en una asociación deportiva e incluso en la propia familia).
Por ese motivo, hay quienes en lugar de definir la corrupción (es decir, de determinar todo lo que ella es, en todos los ámbitos de la existencia), han preferido más bien aproximarse a las determinaciones sociológicas de la corrupción, señalando simplemente que ella genera una serie de relaciones sociales “(...) al margen, de los procedimientos reglados para el normal desarrollo de las actividades sociales de las que en cada caso se trate”(4), refiriéndose a procedimientos reglados “(...) no sólo en su sentido jurídico, sino en su acepción más general”(5).
Otras posturas, en cambio, tienen una visión mucho más light sobre el fenómeno de la corrupción. La conciben como un fenómeno autónomo, típico, de comportamiento disfuncional, cuya presencia debe ser analizada a partir de determinados niveles de tolerancia posibles, por encima de los cuales recién resultaría preocupante. “La corrupción que por esta vía se intenta impugnar es sólo y precisamente- aquella que atenta contra el orden económico establecido”(6). De esta manera todo criterio de legalidad o de moralidad queda excluidos -o reducidos a su mínima expresión- importando tan sólo el grado de afectación económica producido para determinar si aquella es relevante.
Todos estos son criterios sesgados acerca de la corrupción. En nuestra opinión, la corrupción es aquel comportamiento o conjunto de conductas que, rompen o transgreden las normas morales o jurídicas con el propósito de obtener un provecho ilícito, sea en la esfera privada o pública, mediante la colaboración o conquista de la conciencia de otro. Implica pues que se transgreda una norma, sin importar que ésta sea moral o jurídica, o que la conducta ilícita se dé en el ámbito privado o público. Basta que se busque un provecho ilícito, mediante la transgresión de una norma y con la colaboración de otro, para que la conducta sea corrupta. Allí, donde se actúe solo, sin el auxilio de otro, podrá haber otra forma de conducta ilícita, igualmente reprobable y condenable, pero no corrupción.
“Por esa doble estructura, la expresión corromper siempre reconoce la presencia de dos partícipes en el acto, que se corresponden con dos espacios o esferas; el corruptor y el corrupto; la fuerza que corrompe y aquella cosa, persona o proceso sobre el que recae y que, en definitiva, es lo que se echa a perder, se pudre, se corrompe.”(7)
Por otro lado, la generalización del fenómeno de corrupción y los problemas que ella ocasiona, ha hecho que algunos investigadores analicen sin se trata de una causa o de un efecto. Así, ENRIQUE GHERSI, luego de acusar que el análisis de la corrupción ha sido realizado de manera superficial, sostiene que:
“En mi concepto, el elemento central es que no hemos entendido qué es la corrupción. Generalmente la tomamos como una causa, cuando es un efecto.
Este elemento me parece capital para poder entender la lógica de los sistemas corruptos. Todos nos preocupamos por el problema pero creemos que lo que ocurre es que, como somos demasiado corruptos, no funciona el sistema, no funciona la democracia, no funciona la ley, cuando es exactamente al revés. Como no funciona el estado de derecho, como no funciona el sistema institucional, se produce la corrupción como una alternativa para que la gente pueda desarrollar sus diferentes actividades económicas.
La corrupción, es pues, desde mi punto de vista, un efecto y no una causa. Es un efecto del alto costo de la legalidad. Mientras no lo veamos así, podemos llenarnos la boca con fórmulas retóricas y con condenas más o menos generales, pero nunca produciremos instituciones más honestas.”(8)
En nuestra opinión, si bien la crisis del Estado de Derecho y los inconvenientes para satisfacer las necesidades individuales o sociales pueden contribuir a generar situaciones de corrupción -haciéndola aparecer como un efecto-, también es cierto que el fenómeno de la corrupción intensifica la crisis del Estado de Derecho, acentuando mucho más los inconvenientes para satisfacer esas necesidades -es decir, apareciendo así como una causa más de los mismos-. Se trata pues de un círculo vicioso en la medida que la crisis del Estado de Derecho contribuye a generar situaciones de corrupción, y la corrupción coadyuva a acentuar la crisis del Estado de Derecho.
Sin perjuicio de ello, consideramos que la aproximación al fenómeno de la corrupción sería incompleta si sólo se atiende a su manifestación externa -sea como causa o como efecto-. No olvidemos que la corrupción implica un comportamiento humano, por ello, es en el ser humano en quien también debemos poner nuestros ojos, si de verdad queremos tener una visión completa de este problema. Al fin y al cabo, actuar en forma corrupta requiere de una decisión del individuo para optar entre transgredir una norma con el propósito de obtener un provecho ilícito, o simplemente actuar conforme a ella, aun en el supuesto de que con ello afecte su bienestar material. El fenómeno de la corrupción implica, pues, una opción valorativa que nos debe remitir a la formación de valores en el individuo y, con ello, a los espacios de donde adquiere esos valores: la familia, la escuela, la religión, la sociedad, etc.
Con este exordio, estamos en condiciones de introducirnos a la crisis del Estado de Derecho en el Perú, y de apuntar el papel que la corrupción ha tenido en su configuración.
2.2. La crisis del Estado de Derecho en el Perú. La “dependencia” del Poder Judicial
Vivimos hoy una fase de crisis de los sistemas políticos democráticos. El fin de los regímenes comunistas en los países del Este y la crisis ideológica de los partidos de izquierda en los países occidentales, dan cuenta del triunfo del capitalismo, por un lado, y de la liberal-democracia por el otro. Y, sin embargo: “(…) en el mismo momento en que la democracia liberal celebra su victoria, parecen resquebrajarse sus elementos constitutivos y desvanecerse sus promesas.”(9)
Estos elementos y estas promesas son esencialmente dos: en primer lugar, el carácter representativo de los sistemas políticos, o sea, su capacidad de representar a la sociedad y de realizar la voluntad de la mayoría; en segundo lugar, la sujeción a la ley de los poderes públicos, el control de la legalidad de sus actos y su actuar dirigido a la tutela y satisfacción de los derechos fundamentales. Dos requisitos que, como bien anota LUIGI FERRAJOLI, corresponden a otras tantas dimensiones del paradigma democrático: la de la democracia política y representativa y la del Estado de Derecho, entendido éste como sistema de límites y de vínculos idóneos para impedir la formación de poderes absolutos, tanto públicos como privados, en garantía de los derechos fundamentales de todos(10).
La crisis simultánea de estos dos elementos se expresa en la divergencia entre el modelo formal o normativo del Estado democrático de Derecho y su funcionamiento de hecho, es decir, su correspondencia con la realidad. En el Perú este problema se ha visto plasmado en los últimos años en una crisis de la legalidad del sistema político, en una falta de identidad democrática de los partidos, en una acentuada presencia del centralismo y del autoritarismo, así como en una crisis de valores plasmada fundamentalmente en diversas formas llamativas, generalizadas y estructurales de la corrupción que descalifican nuestro ordenamiento jurídico-político como auténtico Estado de Derecho.
Efectivamente, con la caída del denominado “fuji-montesinismo” pudimos verificar las dimensiones alcanzadas por la corrupción en el poder político y por las colusiones de éste con el narcotráfico, los grupos de poder y otros poderes invisibles. Esta situación nos permitió comprobar que nuestro Estado era -es- una fachada de legalidad y representatividad detrás del cual había crecido un seudo Estado clandestino, dotado de sus propios códigos, normas y recursos, organizado en centros de poder ocultos, destinados a la apropiación de la cosa pública y caracterizado por la corrupción y la violación de derechos humanos. Vivíamos así -si es que no vivimos todavía- en un Estado paralelo y oculto que contradecía todos los principios de la democracia política y del Estado de Derecho, desde el principio de legalidad, la división y equilibrio de poderes, la responsabilidad de los funcionarios públicos hasta el respeto por los derechos constitucionalmente protegidos.
Las investigaciones realizadas durante los últimos meses han sacado a la luz pública la crisis institucional y moral más profunda y perturbadora que haya sufrido nuestro país desde la guerra con Chile, si no de toda nuestra historia Republicana. Tales investigaciones, precedidas muchas veces por los llamados “vladivideos”, nos han permitido comprobar cómo la ilegalidad, la corrupción, el sometimiento de los medios de comunicación y de las instituciones públicas, la convivencia con el narcotráfico, con los grupos de poder y otros poderes invisibles, alcanzaron formas generalizadas, sistemáticas y estructurales que nos permiten sostener sin ambigüedades que en el Perú no se vivió -no se vive aún- un auténtico Estado de Derecho. Como lo señala LUIGI FERRAJOLI:
“(...) de garantismo y de estado de derecho no tiene siquiera sentido hablar si el sentido del derecho se ha extraviado y la legalidad es sistemáticamente violentadas justamente por los poderes políticos representativos que deberían tutelarla.”(11).
En el caso de los órganos estatales vinculados al servicio de justicia, esta crisis de institucionalidad se manifestó, mucho más que nunca, en una escasa, sino carente, independencia judicial y en el constante “acoso” del ejecutivo sobre los órganos de justicia, los cuales estaban vinculados a los nocivos incentivos y presiones del gobierno. Éste llevó adelante una serie de “medidas” y “reformas” en el denominado Poder Judicial y en otros órganos vinculados al servicio de justicia (como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, etc.) que, aparentando una lucha contra la corrupción y la flexibilidad de los jueces y fiscales frente a los casos de terrorismo, así como la búsqueda de una aparente modernización, permitieron al gobierno controlar en la práctica las instancias de gobierno y/o de jurisdicción de todos los órganos vinculados al sistema de justicia.
En el caso concreto del Poder Judicial, este control se efectivizó a través de la denominada Comisión Ejecutiva del Poder Judicial y de la designación generalizada y mayoritaria de jueces provisionales (que respondían a los intereses del gobierno al ser funcionarios cercanos al ejecutivo) en todos los niveles del servicio de justicia, incluyendo a los de la Corte Suprema de la República. Esta dependencia o control se vio reflejada también como lo demuestran los “vladivideos” en “llamadas telefónicas”, conversaciones “informales”, recompensas y diversas formas de “sanciones” o de castigos.
En suma, el “orden” en el que vivíamos no sólo distaba mucho de ser un Estado de Derecho, sino que era una apariencia de legalidad donde imperaba el autoritarismo, la corrupción, el sometimiento de las instituciones públicas y de los medios de comunicación, donde se vulneraban los derechos fundamentales de las personas y donde el poder político aparecía coludido con grupos económicos y otros poderes ocultos en perjuicio de la cosa pública y del bienestar social.
Esa es la crisis que vivimos y cuyos efectos sufrimos aún. Para comprenderla debemos atender a los factores que sirvieron de caldo de cultivo para su gestación, a fin de encontrar soluciones adecuadas para superarla y evitar que se repita. Las líneas que siguen intentan cumplir con ese propósito.
LA REALIDAD POLÍTICA PERUANA DEL ÚLTIMO QUINQUENIO
El año 1995 encuentra al Perú en una campaña electoral para elegir al Presidente de la República y a los Congresistas del próximo quinquenio. Fue una campaña muy controvertida con rasgos muy particulares respecto de sus predecesoras. Así, desde los lejanos tiempos de Leguía, era la primera vez que se presentaba un intento de reelección presidencial; la crisis de los partidos políticos, originada en la década anterior, dio lugar a que dejaran de ser los actores principales para ser reemplazados por frentes improvisados u organizaciones extrañas y pintorescas que, además, eran el reflejo de nuestra crisis de representatividad y del exitoso desconcierto que el poder autoritario impuso entre vastos sectores de la población con el respaldo de buena parte de los medios de comunicación.
Esta campaña concluyó con el triunfo del presidente-candidato Alberto Fujimori, posibilitando así su segundo período presidencial. Los hechos que caracterizaron a este régimen fueron los siguientes:
1°. Prosiguió el duro ataque contra la institucionalidad del país que había empezado en 1992 con el “autogolpe” del 5 de abril, y que se manifestó -entre otros hechos- en el cese de la Contralora General de la República, en la destitución de los integrantes del Tribunal de Garantías Constitucionales, en el cese de trece Vocales de la Corte Suprema, de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, del Fiscal de la Nación, del Banco Central de Reserva, entre otros.
Este ataque frontal contra la institucionalidad trajo grave perjuicios al país, siendo un ejemplo de ello los problemas que tuvimos que vivir cuando estalló el conflicto con el Ecuador y que encontró a nuestra Cancillería diezmada y desarticulada. En efecto, a menos de cuatro meses para la “primera vuelta” electoral de 1995, se inició un conflicto fronterizo con el Ecuador que arrojó por tierra algunas de las afirmaciones más contundentes y las acciones más definidas del gobierno de Alberto Fujimori. Para los hombres del régimen, la globalización había transformado radicalmente las relaciones entre los países y, por tanto, la diplomacia tendría que orientarse hacia lo económico.
Esta fue una de las pocas e insustanciales razones para pretender justificar la incalificable e ilegal decisión de eliminar de un plumazo a ciento diecisiete diplomáticos -entre ellos a treinta embajadores- debilitando a una institución directamente vinculada a la defensa nacional. Así, el Perú enfrentó el nuevo conflicto fronterizo con una Cancillería disminuida por acción exclusiva del gobierno, cuyas medidas se habían inspirado, además en el prejuicio, el resentimiento y la ignorancia. El Canciller -un empresario exitoso- no sólo carecía de experiencia diplomática, sino que tampoco poseía la experiencia política necesaria para enfrentar este tipo de problemas(12). La realidad mostró no sólo que la diplomacia “tradicional” era necesaria, sino que el ser un empresario exitoso no hace a un individuo experto en todo, ni capaz de enfrentar cualquier género de problemas.
“En resumen, la novísima elite de empresarios y tecnócratas que desprecia la cultura, el intelecto, las tradiciones y las formas; que se ríe de los protocolos; que cree que sin cultura humanista -es decir, sin conocimientos de historia, sociología o derecho- es posible dirigir los rumbos de un país, fracasó estrepitosamente a la hora de la prueba: el conflicto fronterizo.”(13)
2°. También caracterizó estos tiempos la crisis de los partidos políticos, su incapacidad para construir un frente democrático frente al presidente-candidato por el deseo de mantener la “identidad partidaria”, así como la división de la oposición en aras de un proyecto maximalista. En efecto, los partidos fueron incapaces de construir un frente democrático que derrotara al autoritarismo del presidente-candidato. Como señala ARIAS QUINCOT, el exceso de utopía maximalista (es decir, la búsqueda de obtención total de los objetivos propios) unido al deseo de mantener la propia “identidad partidaria”, arruinaron las posibilidades de las fuerzas democráticas. Un frente unido, antidictatorial, una lista plural y con personalidades independientes (que nunca se constituyó), podía haber jugado a ganador y, aun en el caso de que el grupo político del gobierno hubiera obtenido mayoría en el Congreso, se hubiera podido enfrentar con mucho más eficacia al régimen(14).
No sólo fue negativa la división de la oposición en muchas candidaturas. Algunos altos representantes de los partidos se dedicaron a lanzar ataques contra el principal candidato opositor a Fujimori, olvidando al parecer que el objetivo de la campaña electoral era, para los partidos, derrotar al presidente-candidato. Los dirigentes de los partidos no pudieron adaptarse a los nuevos tiempos. No entendían al Perú informal, micro empresario, que había surgido como consecuencia de la crisis de 1980; por lo tanto, su discurso no impactó a las masas.
3°. Esta época estuvo marcada también por un fuerte autoritarismo, donde las instituciones del Estado estuvieron sometidas a las decisiones del presidente Fujimori. Se vivió un autoritarismo depositado en manos de una sola persona, que se encontraba “(...) fundado en las ventajas de la heterogeneidad social y en la tradición de arbitrariedad y de capricho del gobernante”(15). En síntesis, su gobierno fue una dictadura, sustentada en un aparente sistema democrático de “consultas” electorales, en un aparente respeto de las reglas y procedimientos de una verdadera democracia, a la que trucó, suplantó y caricaturizó.
4°. El neoliberalismo autoritario, y la tecnocracia fueron otra de las características del régimen. Éste presentó al neoliberalismo y a un gobierno fuerte como dos requisitos para alcanzar una economía sana con eficiencia y desarrollo. Se postuló, además, un gobierno de “técnicos” ajenos a los partidos o a la llamada “partidocracia” para incrementar la eficacia.
Estos elementos fueron parte del discurso oficialista de oponer la eficacia o eficiencia a la institucionalidad democrática, lo cual resultó efectivo, sobre todo, en un pueblo pauperizado y deseoso de sobrevivir como el nuestro, caracterizado por las deformaciones socioculturales autoritarias producto de nuestra historia.
5°. Además, se explotó el “miedo al caos”. En efecto, los sentimientos autoritarios o totalitarios se refuerzan cuando una sociedad vive situaciones de desorden generalizados: crisis económica, recesión o hiperinflación, violencia política y, sobre todo, sensación de desgobierno. Fujimori explotó este miedo a lo largo de su trayectoria en el poder. Se presentó como el guardián del orden, el adalid contra la violencia y el garante de la gobernalidad; lo cual, en la mente de muchos, si bien era costoso (autoritarismo, exceso de poder, comportamientos antidemocráticos, etc.), era parte del precio que debíamos pagar para no desaparecer como país.
6°. Podemos decir que parte del discurso oficial (gubernamental) que se difundía y que caracterizó todo este período, se resumía en las siguientes ideas: La legalidad es una simple cuestión formal y, por tanto, carente de importancia; Las instituciones del país pre-Fujimori son ineficientes, corruptas y debían sufrir una radical transformación; En economía existen dos alternativas: el neoliberalismo tal como lo aplica el régimen, o el populismo que casi inevitablemente conduce al “neoalanismo” y, por ende, a la recesión;La defensa de los derechos humanos constituye una maniobra de quienes buscan defender solapadamente la subversión; Los opositores al régimen son “antipatriotas” que buscan volver a un populismo caótico que sólo trae desempleo y recesión, o sino son defensores ocultos de la “partidocracia” tradicional;Los partidos políticos son, en sí mismos, negativos, etc.(16)
7°. Otra característica importante de este período es el reforzamiento del papel de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia. En efecto, desde que asumió el poder, Alberto Fujimori llevó adelante un gobierno civil con una fuerte presencia militar, particularmente del Ejército, y con una creciente influencia del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)(17). Se trataba, pues, de un gobierno cívico-militar con un papel importante del SIN.
Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que, desde 1991 Fujimori buscó la manera de ejercer algún tipo de control sobre las Fuerzas Armadas, designando para los puestos cables a militares cercanos a su entorno. Ello se logró a través de la aprobación de la nueva ley de situación militar, en la que se especificaba que el Presidente nombraría personalmente a los comandantes generales de cada instituto armado, y que éstos no tenían necesariamente que retirarse después de treinta y cinco años de servicio activo. En base a esta ley Fujimori mantuvo el control del nombramiento de los comandantes generales de los institutos armados, nombrando en cada caso a una persona de confianza y manteniéndole en esa posición tanto tiempo como quisiera(18). Podemos decir, entonces, que durante el gobierno de Alberto Fujimori, se abandonaron los antiguos y respetados métodos de distribución del poder dentro de las Fuerzas Armadas a favor de un sistema de cooptación. La consecuencia de ello fue el establecimiento de una sola argolla casi permanente dentro de las Fuerzas Armadas, que le permitieron al gobierno ejercer un control permanente sobre estas últimas. Sin embargo, también debemos decir que esto destruyó las líneas de subordinación y creó una fuente permanente de descontento dentro de la institución y entre los oficiales retirados. Más aún, en la medida de que esta nueva estructura no estuvo acompañada de la creación de una estructura paralela que limitara el poder de las Fuerzas Armadas, esto significó que los generales cooptados por el gobierno alcanzaran una considerable autonomía en sus relaciones con el Presidente. Enfrentado con este problema, Fujimori trató de usar al Servicio de Inteligencia Nacional como contrapeso al poder del Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas(19).
Efectivamente, el papel del SIN fue, entre otros, el de crear un sistema de vigilancia y delación en todas las esferas de la actividad pública o de las que interesaban al gobierno, propio de un Estado totalitario y policial, lo cual sirvió también para ejercer cierto tipo de control sobre las Fuerzas Armadas, principalmente sobre los altos mandos castrenses.
En síntesis, el gobierno de Alberto Fujimori estuvo caracterizado por la intervención de los militares en la política y por la activa participación del Servicio de Inteligencia Nacional para vigilar y controlar las distintas esferas de la actividad pública o de interés al gobierno, entre ellas las Fuerzas Armadas, lo cual produjo la creación de facciones dentro de los institutos armados, así como la politización y desprofesionalización de las instituciones castrenses(20).
8°. Durante esta época el gobierno hizo uso también de operativos psicosociales, con la finalidad de presentar “chivos expiatorios” para los errores del gobierno, y de distraer a la opinión pública a través de la desinformación.
Así, uno de los operativos psicosociales empleados fue el del caso Vaticano, personaje que tenía información directa que vinculaba a Vladimiro Montesinos con el narcotráfico y la corrupción. Además, conocía al detalle las acciones de las Fuerzas Armadas en la zona del Huallaga y la política de sistemática violación de los derechos humanos. Por ello, se aprobó una ley especial para que el Vaticano no fuera juzgado en el fuero civil sino en el militar. Se cometieron varias aberraciones jurídicas para juzgarlo y, al final, se le procesó por terrorismo cuando sólo era narcotraficante, en suma, se logró silenciarlo(21).
9°. Este período estuvo marcado también por una escasa, sino carente, independencia judicial y en el constante “acoso” del ejecutivo sobre los órganos de justicia, los cuales estaban vinculados a los nocivos incentivos y presiones del gobierno. Éste llevó adelante una serie de “medidas” y “reformas” en el denominado Poder Judicial y en otros órganos vinculados al servicio de justicia (como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, etc.) que, aparentando una lucha contra la corrupción y la flexibilidad de los jueces y fiscales frente a los casos de terrorismo, así como la búsqueda de una aparente modernización, permitieron al gobierno controlar en la práctica las instancias de gobierno y/o de jurisdicción de todos los órganos vinculados al sistema de justicia.
En el caso concreto del Poder Judicial, este control se realizó a través de la denominada Comisión Ejecutiva del Poder Judicial y de la designación generalizadas y mayoritaria de jueces provisionales (que respondían a los intereses del gobierno al ser funcionarios cercanos al ejecutivo) en todos los niveles del servicio de justicia, incluyendo a los de la Corte Suprema de la República. Esta dependencia o control se vio reflejada también como lo demuestran los “vladivideos” en “llamadas telefónicas”, conversaciones “informales”, recompensas y diversas formas de “sanciones” o de castigos.
10°. A todo lo expuesto se aúna una prensa sumisa, ciega y comprometida con el régimen, así como por un contacto -directo o indirecto- simultáneo entre el gobierno, el SIN, el Poder Judicial y los medios de comunicación(22).
En cierta medida esa sumisión de la prensa se debió a la implementación por parte del SIN y del gobierno de un sistema muy sutil de presiones, coacciones, manipulaciones y de agravios impunes contra los opositores al régimen y contra periodistas independientes. El hostigamiento se mostró ya sea mediante ataques físicos, breves secuestros, campañas de acoso en la prensa “chicha”, espionaje telefónico y en la generación de conflictos o litigios entre accionistas para afectar judicialmente a la parte que se mostraba en contra del gobierno(23).
En otra medida, ese compromiso o sumisión se logró con la adquisición o constitución, a través de testaferros, de medios de comunicación (televisivos y escritos), con el propósito de poder oponer la prensa propia contra la ajena.
En conclusión, la realidad política peruana del último quinquenio (1995-200), evidenciaba que el “orden” en el que vivíamos no sólo distaba mucho de ser un Estado de Derecho, sino que era una apariencia de legalidad donde imperaba el autoritarismo, la corrupción, el sometimiento de las instituciones públicas y de los medios de comunicación, donde se vulneraban los derechos fundamentales de las personas y donde el poder político aparecía coludido con el narcotráfico, con grupos económicos y otros poderes ocultos en perjuicio de la cosa pública y del bienestar social.
LAS INTERPRETACIONES CULTURALES DE LA SOCIEDAD Y DE LA POLÍTICA
Aproximarnos a la realidad política peruana del último quinquenio nos ha permitido verificar que no hemos vivido -si es que no vivimos aún -en un auténtico Estado de Derecho; que la corrupción (entendida como toda forma de transgresión moral o jurídica, mediante la colaboración o control de la conciencia de otro, para obtener un provecho ilícito) es parte de la causa y del efecto de esa crisis. Sin embargo, tal aproximación no sería completa si no nos aproximamos también a la sociedad y al hombre. Desde ese ámbito debemos preguntarnos qué contribuyó a que cayéramos en una de las peores crisis institucionales y morales que haya sufrido nuestro país. Debemos inquirir por qué no avizoramos en su momento o, lo que es peor, por qué no actuamos eficazmente para impedir el surgimiento de la ilegalidad y de la corrupción en formas y niveles tan alarmantes, generalizadas, sistemáticas y estructurales que llevaron a la destrucción del Estado de Derecho. Una visión de las interpretaciones culturales de la sociedad y de la política puede otorgarnos algunas luces al respecto.
GONZALO PORTOCARRERO, por ejemplo, al abordar el tema de la transgresión en el mundo criollo, da cuenta que con el “ser criollo” sucede algo paradójico, pues despierta valoraciones totalmente opuestas, ya que por un lado significa algo apreciado y querido como, por otro, algo extraño y repudiable. Así, lo criollo se asocia con la alegría, el ingenio y el humor, resultando para los peruanos, lo propio, lo entrañable, lo que nos identifica y nos asocia. No obstante, para esos mismos peruanos lo criollo es también sinónimo de repudiable, de lo abyecto, de aquello que debe ser rechazado si uno quiere pasar por una persona seria y respetada(24).
“Si de una música decimos que es bien criolla estamos significando que es muy nuestra, que expresa la autenticidad de lo que somos. Pero si de una acción decimos que es una criollada la estamos valorando como inmoral; en todo caso como improvisada y poco seria. Entonces la ambigüedad es consustancial al término y resulta que los criollos nos amamos y nos odiamos al mismo tiempo. La subjetividad criolla es pues frágil e insegura, se mueve entre una autocrítica despiadada y pesimista, y, de otro lado, una celebración efímera de logros alcanzados.”(25)
Es claro que estas valoraciones resultan de un pasado colonial que está aún demasiado presente. De un conflicto que no termina de resolverse y en cuya raíz convergen la imposición colonial y la resistencia criolla. Sucede que si la metrópoli desvalorizó todo lo nativo, concibiéndolo como una copia de segunda clase, consiguiendo, además, que los propios nativos absorvieran esta imagen como fundamento de su ser, ocurre de otro lado que ellos mismos lograron defenderse y preservar una autoestima en torno a la imagen de ser más gozadores, cariñosos y libres que los colonizadores.
“En realidad la sociedad criolla se caracterizó por la transgresión del orden, por la <>, es decir, por el rechazo subterráneo de un sistema legal sentido como abusivo, ilegítimo y corrupto. En este rechazo se inscribe un goce, una excitación o emoción donde concurre el temor de ser atrapado con la esperanza de salir indemne, para, finalmente, resolverse en una vivencia de poder, de sentirse por encima, definitivamente superior a los otros.”(26)
Siguiendo con GONZALO PORTOCARRERO, la transgresión presenta antecedentes en la propia sociedad colonizadora, en el debilitamiento del poder moral de la autoridad real y, de otro lado, en la propia religión indulgente hacia la culpa; puntos que se patentizan en las figuras del pícaro y de Don Juan. Esta transgresión se generaliza en el mundo criollo y se vuelve más radical, continuando luego en el mundo republicano hasta convertirse en una definición del modo de ser criollo(27). “El mundo criollo fue menoscabado en su autoestima por la metrópoli. El criollo era el equivalente de un bastardo. Alguien no deseado y con menos derechos. Ahora bien, el culto a la transgresión, la pendejada es la respuesta a la bastardía. Es decir, frente al fantasma del saberse no querido y de ser de segunda categoría el mundo criollo acentuó la distorsión del orden simbólico-moral del mundo ibérico.”(28)
Tenemos entonces la imagen de un cosmos donde la diosa fortuna reina sin contrapeso, donde la transgresión se tolera o se promueve, implicando un debilitamiento general del orden y de la legalidad. Esta forma de ver las cosas, que se va acentuando en la sociedad peruana a lo largo del tiempo hasta la actualidad, habría generado las condiciones para que la desviación o transgresión de la legalidad dejaran de ser excepcionales y se convirtieran en una regla, en un comportamiento institucionalizado en la sociedad. En esa línea, la corrupción y el abuso con los débiles, se convierten en hechos “normales”, aceptados como naturales e inevitables por la mayor parte de la gente, con el consiguiente desprestigio de la autoridad, el orden, la justicia y la legalidad. De esta manera se desarrolla una tolerancia con la transgresión que socava el orden moral y dificulta cualquier proyecto común en la medida que fomenta un individualismo exacerbado que dificulta la solidaridad colectiva. Se dice: “Hoy me jodo yo pero eso no importa tanto porque mañana te jodes tú y a mi me toca joder”(29).
Dentro de ese panorama, y ante el “descubrimiento” de la corrupción generalizada que infectó la realidad política peruana del último quinquenio, no parece extraño escuchar las tesis que la propia gente esgrimió para explicarla y que reproducimos a continuación(30):
i) “Todos somos corruptos y nadie puede tirar la primera piedra. Entonces no hay que hacer muchas olas y pasar rápido la página”. Esta es, desde luego, la tesis de los corruptos.ii) “La gente es inocente. Los corruptos son los gobernantes y los políticos. Es decir, la elite del poder. Todos ellos deben ser ejemplarmente sancionados y entonces se puede resolver el problema”. Esta es la tesis del espectador. A ella le falta profundidad y una reflexión autocrítica.iii) “Todos somos transgresores pero no todos somos corruptos. Es decir, hay una diferencia entre no pagar un impuesto y robarse un millón de dólares”. Pero pese a esa diferencia cuantitativa hay una afinidad entre ambos hechos, una cierta complicidad.
Dentro de este panorama, el culto a la transgresión y la debilidad de la ley se presentan como manifestaciones socio-culturales de nuestra realidad y, por consiguiente como fuente generadora de corrupción desde la propia “cultura” y sociedad: “La pendejada de la vida cotidiana es el suelo nutricio de la corrupción a todos los niveles de la vida pública y privada”(31).
Una aproximación complementaria a este panorama nos la presenta ARIAS QUINCOT con su referencia a la aparición de la “cultura combi” o del “achoramiento”, que no es otra cosa que la cultura de supervivencia, donde impera la ley de la selva y donde no hay espacio para los escrúpulos. En esa lógica el respeto por la legalidad o por el derecho de otros deja de tener utilidad; es más, dentro de ella -por ejemplo- no pagar impuestos aparece como una viveza que implica “no ser caído del palto” (32).
Esta “cultura combi” surge como consecuencia del crecimiento gigantesco de Lima -principalmente en las dos últimas décadas-, de la gran desurbanización que desarraiga, del empobrecimiento general, del estancamiento económico y crecimiento poblacional, de un país en violencia que sufre la quiebra o colapso de sus instituciones, así como de la aparición y surgimiento de los informales como nueva fuerza económica y social quienes también podían “achorarse”. Todo esto generó la degradación de los valores morales y, en consecuencia, la consolidación de una “cultura combi” donde la transgresión e informalidad aparecen como mecanismos de supervivencia, sin que pueda existir espacios para los escrúpulos.
Dentro de esta “cultura” no aparecen como condenables la violación de la palabra empeñada, el quebrantamiento de las leyes, ni mucho menos el envío de la Constitución al tacho de los desperdicios. En ella resulta representativa la máxima: “el fin justifica los medios”. Todo se justifica, todo se aprueba con tal de “crecer” y “sobrevivir”, sin importar que los medios sean ilícitos o inmorales.
Con ese escenario, la aparición y desarrollo sistemático y generalizado de la corrupción, aparecen como una consecuencia más que probable.
Abona también a este escenario, la ausencia en la sociedad de una capacidad de indignación, que no es otra cosa que la consecuencia de la mentalidad autoritaria que nos domina. No reaccionamos sistemáticamente frente al abuso, la discriminación y las diferentes formas de sometimiento o dominación que provienen de los detentadores del poder. Creemos que su actuar autoritario es parte de lo que se requiere para mantener el orden, la “legalidad” el desarrollo. Siguiendo a GUILLERMO NUGENT, ello se debe a que:
“(…) nosotros hemos crecido en una moral de la obediencia donde la idea de orden corresponde a la de un alineamiento jerárquico, apoyado de modo preferente en el patriotismo y la piedad, donde la figura del que manda ha sido esencial para dar sentido al todo social y ponerle fin a cualquier discusión pública.”(33)
También ha contribuido al surgimiento de este panorama lo que se ha venido en calificar como “narcisismo” en el mundo globalizado, incluyendo también a la sociedad peruana. Este “narcisismo” no es otra cosa que un “individualismo” o “localismo” excluyente y arbitrario, que recusa y combate las relaciones con los otros. El narcisista es un “individualista” o localista a ultranza que se opone a la diversidad de opiniones y a las redescripciones de la realidad. Él ve en la supresión de “los otros” o “los demás”, la condición de su propia supervivencia. Se trata pues de un sentimiento que se resiste a toda forma de solidaridad o de aprecio por los otros que puede generar, inclusive, violencia, “lucha de clases”, xenofobia y otras formas de fundamentalismos.
El “narcisismo” se expresa también como un “individualismo” puro, desprovisto de valores sociales y morales, donde la esfera privada se encuentra emancipada de cualquier marco trascendental, encontrándose expuesta únicamente a los deseos cambiantes de los individuos(34).
Esta visión “narcisista” ocasiona, entonces, la negación de toda forma de solidaridad o de interés por el bienestar del “otro”. Sólo se actuara a favor de los demás en la medida de que se considere que eso redundará a favor del interés personal. Esta perspectiva puede llevar, por ejemplo, a que una persona “pobre” piense que no tiene por qué luchar o protestar contra el sometimiento de la prensa o del Poder Judicial por parte del poder político, por considerar que esas son situaciones que sólo afectan a los “ricos” o a la clase política que está formada en su mayor parte por “blancos adinerados”. Igualmente, desde esa visión una persona “rica” puede considerar que no tiene por qué contribuir a luchar contra el analfabetismo o el desempleo por creer que ese es un problema que sólo afecta a los “pobres”.
Dentro de ese marco, constituyen expresiones “narcisistas” de la sociedad peruana en la última década, la aparición de una novísima elite de empresarios y tecnócratas que desprecia la cultura, el intelecto, las tradiciones y, en general, el humanismo y el respeto por las formas. También es una expresión del “narcisismo” en esta época de la realidad peruana, la creencia inspirada en el neoliberalismo, según la cual, todo se subordina a lo económico. Lo económico aparece así como lo más importante al punto de que se considera que no se necesita de juristas ni de analistas en temas sociales y políticos.
El “narcisismo” aparece, también, como uno de los factores de la inercia y de la inmovilidad social. Sin embargo, puede ayudarnos a comprender por qué no contamos aún con una sociedad civil adecuadamente organizada que represente los diversos sectores e intereses de la sociedad. Puede ayudarnos a entender por qué en el Perú -antes de la aparición de los “vladivideos”- grandes sectores de la sociedad permanecieron inertes frente a un gobierno que promovía o actuaba en base a la ilegalidad, la corrupción y el sometimiento de las instituciones públicas.
Además, debe mencionarse como elemento importante de la cultura y de la política de la sociedad peruana, la ausencia o debilidad de valores democráticos. Esos valores son frágiles o inexistentes en amplios estratos de nuestra población, la cual oscila pendularmente entre apoyar a la democracia y respaldar a las dictaduras. Muestra de ello es que el “autogolpe” perpetrado por el presidente Fujimori el 5 de abril de 1992, que terminó con la democracia y permitió la instalación de un régimen dictatorial, fue extensamente aprobado en todos los estratos de la sociedad, desde los más ricos a los más pobres. Ocho años después, la inmensa mayoría rechazaba a esa dictadura y exigía vigorosamente el retorno a la democracia(35).
Este fenómeno demuestra que en la sociedad peruana existe una concepción utilitaria y no valorativa de la democracia. Cuando las cosas van mal en dictadura -sobre todo en la economía-, la gente exige democracia. Pero cuando las cosas no parecen marchar en democracia, muchos esperan a “la dictadura salvadora”. Por ello, compartimos la afirmación de FERNANDO ROSPIGLIOSI de que para romper este círculo vicioso se requiere, entre otras cosas, de la extensión de valores democráticos en la sociedad y en las élites. Ello implica que tanto los partidos políticos como los empresarios, deben abandonar la malsana costumbre de tocar las puertas de los cuarteles cuando creen que sus intereses no están adecuadamente representados en el régimen existente(36).
En síntesis, estas interpretaciones culturales de la sociedad y de la política peruana nos permiten identificar aquello que contribuyó a la generación de una de las peores crisis institucionales y morales de nuestra historia. Nos permiten explicar por qué no avizoramos en su momento la construcción de un imperio de la ilegalidad y la corrupción; y, lo que es peor, por qué no actuamos eficaz y conjuntamente para impedir la destrucción del Estado de Derecho.
Aunque sea doloroso admitirlo, estas interpretaciones culturales de la sociedad y de la política de nuestro país, nos permiten concluir que la sociedad peruana, como consecuencia de sus “raíces culturales”, de su cosmovisión, de su desintegración y de su ausencia o debilidad de valores, ha sido una de las causantes de la destrucción del Estado de Derecho y, por consiguiente, una de las responsables de su perjuicio.
V. LA LEGISLACIÓN DESINSTITUCIONALIZADORA Y LA CORRUPCIÓN DEL PODER JUDICIAL EN EL PERÚ
Si bien las características de la sociedad peruana contribuyeron a la crisis de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, también lo fue la corrupción normativa creada por el régimen de Alberto Fujimori. Efectivamente, ésta se produjo con la emisión de una serie de leyes, y otros dispositivos legislativos, de alta nocividad social, con la particularidad, subrepticia o manifiesta, de vaciar de contenido la institucionalidad democrática y transgredir los límites que impone el Estado de Derecho, todo ello con la única finalidad de satisfacer intereses particulares o de gobierno.
Esta corrupción normativa no sólo se dio por la ilicitud en el uso o la aplicación desviada de las normas ya dadas, sino también por la ilegitimidad normativa con que se gestó y formularon las mismas. En efecto, la corrupción normativa no sólo se queda en la ilicitud, es decir, la contravención o quebrantamiento de las normas dadas sino que llega a la ilegitimidad en la generación de las normas legales. Hay pues un uso y abuso del poder público o normativo para obtener un provecho personal o ilícito. En ese sentido, es corrupta la emisión de normas con “trampa” en favor de intereses particulares o ilícitos.
Es el caso, por ejemplo, de las “medidas” y “reformas” que el gobierno de Fujimori implementó en el Poder Judicial y en otros órganos vinculados al servicio de justicia (como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, etc.) bajo la apariencia de una lucha contra la corrupción, la flexibilidad de los jueces y fiscales frente a los casos de terrorismo, y una aparente modernización, que, en la práctica le permitieron controlar las instancias de gobierno y/o de jurisdicción de todos los órganos vinculados al sistema de justicia.
Desgraciadamente el Perú fue víctima de esta corrupción normativa desinstitucionalizadora, pues desde 1992 el Congreso y el Ejecutivo, con facultades delegadas, emitieron un conjunto de leyes y disposiciones de reforma institucional (como el caso del Poder Judicial y del Ministerio Público) supuestamente justificadas y de beneficio tanto para las instituciones materia de legislación así como para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, todo el paquete de leyes respondía a un objetivo particular: asegurar la permanencia en el poder del grupo gobernante, es decir, del presidente Alberto Fujimori y de su entorno. Sobre el particular, el prestigioso decano de la prensa nacional, “El Comercio”, en su editorial del 28 de agosto de 1998 consideró que:
“(…) por ese malhadado afán de intentar perpetuarse en el poder se ha montado en el país un andamiaje pseudo jurídico (…) que avanza cual aplanadora, demoliendo la independencia y la autonomía de instituciones vitales como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Consejo Nacional de la Magistratura y hasta el propio Parlamento de la República”(37).
Es más, la maquinaria normativo-legal desinstitucionalizadora por intereses particulares, no se quedó en la afectación de los ámbitos institucionales específicos, sino que violó la norma fundamental del “pacto social”, es decir, de la institución central del país: la Constitución. El mismo diario “El Comercio” en un importante análisis de diciembre de 1997 puso en evidencia el carácter inconstitucional de muchas leyes enumerándolas bajo el título de “Inconstitucionalidades aprobadas por el Congreso” advirtiendo previamente que:
“(…) las leyes y otras normas inconstitucionales aprobadas por el Congreso de la República constituyeron una característica recurrente en los últimos 16 meses de legislatura. Sintomáticamente la mayoría de estas normas tendrá que ver en forma directa o indirecta con el devenir de los próximos comicios del año 2000”(38).Las leyes y normas que respondían al interés particular de mantener en el poder al gobernante de turno y a su grupo, y que fueron enumeradas por el Comercio en aquella ocasión, fueron las siguientes(39):
i) Resolución Legislativa que destituye a tres magistrados del Tribunal Constitucional;ii) Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público con la cual le restan facultades al Fiscal de la Nación en favor de la presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público;iii) Ley de Interpretación “Auténtica” del artículo 112 de la Constitución, para permitir la segunda reelección del presidente Alberto Fujimori, la misma que no se encontraba permitida por la Constitución;iv) Ley que establece como requisito para realizar un referéndum la aprobación de 48 congresistas, con lo cual se eliminaba en la práctica la posibilidad de acceder a ese mecanismo de participación política, pues la oposición no contaba con ese número de congresistas;v) Ley que transfiere la administración de los parques zonales a los Municipios Distritales en perjuicio de los Concejos Provinciales;vi) Ley de Habilitaciones Urbanas;vii) Ley que homologa en todos sus derechos y prerrogativas a jueces y fiscales provisionales -a la sazón nombrados por el régimen por ser personas cercanas al gobierno- con los magistrados titulares. De esta manera se reforzaba el control que ejercía el régimen sobre esos órganos del servicio de justicia, en especial sobre la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos, integrados, en su mayoría, por magistrados provisionales o cercanos al gobierno.viii) Prórroga sucesiva del plazo de intervención de las universidades públicas del país.ix) Norma que posibilita la recomposición del Jurado Nacional de Elecciones, etc.
Todos estos dispositivos legales tenían un hilo conductor: mantener el poder absoluto del gobierno y de su entorno y allanar el camino para la re-reelección del mandatario presidencial. El costo: la destrucción del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática.
En el caso específico del Poder Judicial, no es un secreto que en el Perú existió -si es que no existe todavía- una escasa “independencia” del Poder Judicial y un constante “acoso” del ejecutivo sobre los jueces y tribunales. En la última década esta “dependencia” respecto al poder político se produjo mediante el nombramiento para los cargos judiciales a personas cercanas al gobierno, y/o cuando a través de “llamadas telefónicas”, conversaciones “informales”, promesas de recompensas o de castigos, se ejercieron presiones sobre la tarea judicial.
Pasando revista a los últimos años de nuestra historia, podemos encontrar una serie de normas desinstitucionalizadoras que han fomentado o permitido la corrupción del Poder Judicial en el Perú y su sometimiento al poder político de turno. Algunas de estas normas son las siguientes:
i) Los Decretos Leyes 25423 y 25442 (de abril de 1992), mediante los cuales se cesó a más de 13 Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República;ii) El Decreto Ley 25446 (de abril de 1992), a través del cual se cesó a un importante número de Vocales Superiores, Jueces y Fiscales Provinciales de los distritos judiciales de Lima y Callao;iii) Los Decretos Leyes 25447 y 25454 (abril de 1992) mediante los cuales se nombraron a Vocales Provisionales de la Corte Suprema y se señaló que no regía para ellos los requisitos relativos a la edad, al tiempo de servicio en la magistratura, la abogacía o la cátedra universitaria. Se señaló, además, que no procedía la acción de amparo para impugnar los efectos de los Decretos Leyes que cesaron a los Magistrados, Jueces y Fiscales;iv) Decreto Ley 25455 (de abril de 1992), mediante el cual se conformó y estructuró transitoriamente la Corte Suprema y se fijó el procedimiento para la elección de Vocales Superiores y de los cargos judiciales en los Juzgados Especializados o Mixtos y de Paz Letrados. v) Ley No. 26546 (de noviembre de 1995), mediante la cual se creó la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, con funciones de gobierno y de gestión del Poder Judicial.vi) Resolución 283-96-CME-PJ (diciembre de 1996), con la que se precisó que los magistrados provisionales no gozan del derecho constitucional de inamovilidad en sus cargos, con lo cual podían ser rotados.vii) Resolución 307-96-CME, con la cual se facultó a los Presidentes de las Cortes Superiores a llevar a cabo el proceso de rotación de Magistrados de los Juzgados Especializados, Mixtos y de Paz Letrados;
Toda esta legislación desinstitucionalizadora permitió que el gobierno tuviera un absoluto control sobre las esferas de gestión y de jurisdicción del Poder Judicial, incluyendo la Corte Suprema. Ese control permitió, por ejemplo, que se removieran y se sustituyeran a jueces en procesos en trámite, conforme a los interés del gobierno, que se usara a los órganos jurisdiccionales para afectar judicialmente a las personas opositoras al régimen; que los casos que interesaban a éste sean resueltos mediante sentencias elaboradas en el Servicio de Inteligencia (SIN); que se sancionara o se separara a los jueces que luchaban por mantener la legalidad y su independencia (caso de las juezas Greta Minaya y Saquicuray). En suma, esta corrupción normativa quebrantó la institucionalidad del Poder Judicial y, por consiguiente, el Estado de Derecho.
Pero, ¿qué factores posibilitaron la corrupción normativa que desinstitucionalizó al Perú? Siguiendo a OLIVERA PRADO podemos dar varias luces al respecto(40):
En primer lugar, la existencia de un poder infiscalizado, inherente a “democracias delegativas” y a formas de gobierno autoritarios; entendiendo por poder infiscalizado: i) la ausencia de mecanismos de participación de la población o de las colectividades en el control y fiscalización de la gestión del poder normativo, del poder administrativo y de sus organizaciones; ii) la inacción y/o complicidad de las entidades y órganos fiscalizadores y de control; iii) la ausencia de rendiciones de cuentas periódicas y públicas por parte de funcionarios y directivos, etc.
El poder infiscalizado en el caso del Perú se incrementó en el último quinquenio (1995-2000) por que el Congreso, con aplastante mayoría gubernamental y sin concesiones a la minoría, no intentó buscar, ni tímidamente, el equilibrio de poderes, ni fiscalizó el poder normativo que delegó en varias oportunidades al Ejecutivo y menos se autofiscalizó en su propia función legisladora por sus compromisos con el Ejecutivo.
También fue un coadyuvante a la corrupción normativa el diseño de un aflatado neomaquiavelismo político que dirigió todo el tinglado desinstitucionalizador. Este neomaquiavelismo político se presenta como una nueva concepción de lo que se ha venido llamando maquiavelismo político; donde ya no sólo el fin (normalmente lícito) justifica los medios (aunque sean ilícitos) sino que un fin ilícito y/o ilegítimo es justificado y disfrazado con medios legales y aparentemente institucionales(41).
La corrupción normativa de alta nocividad social vía neomaquiavelismo político llegó a reemplazar en el Perú -especialmente en el último quinquenio- la institucionalidad democrática por una pseudo democracia, donde formalmente existían las instituciones democráticas, pero se encontraban vacías totalmente de contenido y estaban controladas por el poder político de turno. El resultado fue que no hubo equilibrio de poderes; no hubo autonomía del Poder Judicial ni del Ministerio Público; el Parlamento no cumplió con su función fiscalizadora, la Contraloría de la República no ejerció a cabalidad sus funciones; no hubo participación de la población en las decisiones nacionales ni en la formulación de las leyes. En síntesis, vivíamos en una democracia teatral y en una parodia de Estado de Derecho especialmente maquillados para el exterior.
A MODO DE CONCLUSIÓN
A manera de conclusión de las ideas precedentes, podemos manifestar lo siguiente:
1. La corrupción es aquel comportamiento o conjunto de conductas que rompen o transgreden las normas morales o jurídicas con el propósito de obtener un provecho ilícito, sea en la esfera privada o pública, mediante la colaboración o conquista de la conciencia de otro. Implica pues que se transgreda una norma, sin importar que ésta sea moral o jurídica, o que la conducta ilícita se dé en el ámbito privado o público. Basta que se busque un provecho ilícito, mediante la transgresión de una norma y con la colaboración de otro, para que la conducta sea corrupta. Allí, donde se actúe solo, sin el auxilio de otro, podrá haber otra forma de conducta ilícita, igualmente reprobable y condenable, pero no corrupción.
2. Si bien la crisis del Estado de Derecho y los inconvenientes para satisfacer las necesidades individuales o sociales pueden contribuir a generar situaciones de corrupción -haciéndola aparecer como un efecto-, también es cierto que el fenómeno de la corrupción intensifica la crisis del Estado de Derecho, acentuando mucho más los inconvenientes para satisfacer esas necesidades -es decir, apareciendo así como una causa más de los mismos-. Se trata pues de un círculo vicioso en la medida que la crisis del Estado de Derecho contribuye a generar situaciones de corrupción, y la corrupción coadyuva a acentuar la crisis del Estado de Derecho.
3. La aproximación al fenómeno de la corrupción sería incompleta si sólo se atiende a su manifestación externa -sea como causa o como efecto-. No olvidemos que la corrupción implica un comportamiento humano, por ello, es en el ser humano y en la sociedad en quienes también debemos poner nuestros ojos, si de verdad queremos tener una visión completa de este problema. Al fin y al cabo, actuar en forma corrupta requiere de una decisión del individuo para optar entre transgredir una norma con el propósito de obtener un provecho ilícito, o simplemente actuar conforme a ella, aun en el supuesto de que con ello afecte su bienestar material. El fenómeno de la corrupción implica, pues, una opción valorativa que nos debe remitir a la formación de valores en el individuo y, con ello, a los espacios de donde adquiere esos valores: la familia, la escuela, la religión, la sociedad, etc.
4. Vivimos hoy una crisis de los sistemas políticos democráticos. En primer lugar, existe una dificultad en el carácter representativo de los sistemas políticos para representar a la sociedad y realizar la voluntad de la mayoría; en segundo lugar, existe una crisis en el Estado de Derecho, entendiendo por éste aquel sistema de límites y de vínculos idóneos para impedir la formación de poderes absolutos, tanto públicos como privados, en garantía de los derechos fundamentales de todos.
5. La crisis simultánea de estos dos elementos se expresa en la divergencia entre el modelo formal o normativo del Estado democrático de Derecho y su funcionamiento de hecho, es decir, su correspondencia con la realidad.
6. En el Perú, la realidad política peruana del último quinquenio (1995-200), evidenció que el “orden” en el que vivíamos no sólo distaba mucho de ser un Estado de Derecho, sino que era una apariencia de legalidad donde imperaba el autoritarismo, la corrupción, el sometimiento de las instituciones públicas y de los medios de comunicación, donde se vulneraban los derechos fundamentales de las personas y donde el poder político aparecía coludido con el narcotráfico, con grupos económicos y otros poderes ocultos en perjuicio de la cosa pública y del bienestar social.
7. En el caso de los órganos estatales vinculados al servicio de justicia, este quebrantamiento de la institucionalidad se manifestó, mucho más que nunca, en una escasa, sino carente, independencia judicial y en el constante “acoso” del ejecutivo sobre los órganos de justicia, los cuales estaban vinculados a los nocivos incentivos y presiones del gobierno. Éste llevó adelante una serie de “medidas” y “reformas” en el denominado Poder Judicial y en otros órganos vinculados al servicio de justicia (como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, etc.) que, aparentando una lucha contra la corrupción y la flexibilidad de los jueces y fiscales frente a los casos de terrorismo, así como la búsqueda de una aparente modernización, permitieron al gobierno controlar en la práctica las instancias de gobierno y/o de jurisdicción de todos los órganos vinculados al sistema de justicia.
8. En el caso específico del Poder Judicial, existió en el Perú -si es que no existe todavía- una escasa “independencia” de los órganos jurisdiccionales y un constante “acoso” del ejecutivo sobre los jueces y tribunales. En la última década esta “dependencia” respecto al poder político se produjo mediante el nombramiento para los cargos judiciales a personas cercanas al gobierno, y/o cuando a través de “llamadas telefónicas”, conversaciones “informales”, promesas de recompensas o de castigos, se ejercieron presiones sobre la tarea judicial.
9. Las interpretaciones culturales de la sociedad y de la política peruana nos permiten identificar lo que contribuyó a la generación de una de las peores crisis institucionales y morales de nuestra historia. Nos permiten explicar por qué no avizoramos en su momento la construcción de un imperio de la ilegalidad y la corrupción; y, lo que es peor, por qué no actuamos eficaz y conjuntamente para impedir la destrucción del Estado de Derecho. Aunque sea doloroso admitirlo, estas interpretaciones culturales de la sociedad y de la política de nuestro país, nos permiten concluir que la sociedad peruana, como consecuencia de sus “raíces culturales”, de su cosmovisión, de su desintegración y de su ausencia o debilidad de valores, ha sido una de las causantes de la destrucción del Estado de Derecho y, por consiguiente, una de las responsables de su perjuicio.
10. A ello se aúna la corrupción normativa creada por el régimen de Alberto Fujimori para, de manera subrepticia o manifiesta, vaciar de contenido la institucionalidad democrática y transgredir los límites que impone el Estado de Derecho, todo ello con la finalidad de asegurar su permanencia en el poder y de proteger intereses particulares o de gobierno. Esta corrupción normativa no sólo se dio por la ilicitud en el uso o la aplicación desviada de las normas ya dadas, sino también por la ilegitimidad normativa con que se gestó y formularon las mismas.
11. Los factores que coadyuvaron a la corrupción normativa que desinstitucionalizó al Perú fueron, entre otros, los siguientes: i) un poder infiscalizado, inherente a “democracias delegativas” y a formas de gobierno autoritarios; ii) el diseño de un afiatado neomaquiavelismo político que dirigió todo el tinglado desinstitucionalizador. Este neomaquiavelismo político se presentó como una nueva concepción de lo que se ha venido llamando maquiavelismo político; donde ya no sólo el fin (normalmente lícito) justifica los medios (aunque sean ilícitos) sino que un fin ilícito y/o ilegítimo es justificado y disfrazado con medios legales y aparentemente institucionales.
12. Por último, como conclusión final, podemos decir que no es el Estado de Derecho el que favorece la corrupción, pues la existencia de la corrupción, sobre todo cuando es generalizada, supone precisamente la negación de un Estado de Derecho. Más bien, es la ausencia de los elementos que lo configuran el que posibilita la aparición de la corrupción y su generalización.
Naturalmente, para que haya Estado de Derecho y, por ende, una auténtica lucha contra la corrupción, necesitamos una sociedad con valores, responsable, participativa, fiscalizadora y vigilante. Para llegar a ser tal sociedad, necesitamos que los seres humanos que la integran, estén premunidos de esos valores y características para buscar el bienestar del individuo y de la sociedad donde se desarrollan.
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(1) El texto que se reproduce a continuación ha sido extraído de la Transcripción del Video No. 892, del 19 de mayo de 1998, exhibido en la Segunda Legislatura Ordinaria del 2000, del Congreso de la República. La transcripción nos fue proporcionada por la Escuela de Graduados de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional, y, a ésta, a su vez, le fue proporcionada por el Congreso de la República.(2) SIMONETTI, José María. “Notas sobre la corrupción”. En: Corrupción de Funcionarios Públicos -Pena y Estado-. Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1995, p. 174-178. (3) SIMONETTI, José María. Ibid., p. 182.(4) SIMONETTI, José María. Ibid., p. 191.(5) Ibid.(6) SIMONETTI, José María. Ibid., p. 183.(7) SIMONETTI, José María. Ibid., p. 176.(8) GHERSI, Enrique. La corrupción es efecto, no causa. Artículo publicado el 4 de junio de 2001 en la siguiente página webb: http://www.elcato.org/corrup_ghersi.htm (9) FERRAJOLI, Luigi. “El Estado Constitucional de Derecho hoy: El modelo y su divergencia de la realidad”. En: Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción, p. 15.(10) Ibid.(11) FERRAJOLI, Luigi. “Crisis del sistema político y jurisdicción: la naturaleza de la crisis italiana y el rol de la magistratura”. En: Corrupción de Funcionarios Públicos -Pena y Estado- Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 1995, p. 115.(12) ARIAS QUINCOT, César. Perú: Entre la utopía y el cinismo. La eterna pugna entre Maquiavelo y Tomás Moro. Fundación Fiedrich Ebert, p. 131. (13) ARIAS QUINCOT, César. Ibid., p. 132.(14) Ibid., p. 136.(15) NEIRA, Hugo. El mal peruano: 1990-2001. SIDEA, p. 171.(16) Vid: ARIAS QUINCOT, César. Op. Cit., p. 134.(17) ROSPIGLIOSI, Fernando. Montesinos y las Fuerzas Armadas -Cómo controló durante una década las instituciones militares-. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, p. 142.(18) OBANDO, Enrique. El Perú de Fujimori. 1990-1998. Lima: Universidad del Pacífico. Centro de Investigación, p. 365.(19) OBANDO, Enrique. Ibid., p. 377.(20) ROSPIGLIOSI, Fernando. Ibid., p. 143.(21) ARIAS QUINCOT, César. Op. Cit., p. 128.(22) FOWKS, Jacqueline. Suma y resta de la realidad. Medios de comunicación y elecciones generales 2000 en el Perú. Fiedrich Ebert Stiftung, p. 47 y siguientes.(23) Vid: FOWKS, Jacqueline. Ibid., p. 49.(24) PORTOCARRERO, Gonzalo. “La transgresión como forma específica de goce del mundo criollo”, p. 1. En: Materiales de Enseñanza del Seminario de Ciencia Política de la Maestría en Derecho con Mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: PUC, 2001-2.(25) PORTOCARRERO, Gonzalo. Ibid.(26) PORTOCARRERO, Gonzalo. Ibid.(27) Ibid., p. 3.(28) Ibid., p. 17.(29) PORTOCARRERO, Gonzalo. Ibid., p. 17.(30) Tesis extraídas de: PORTOCARRERO, Gonzalo. Ibid.(31) PORTOCARRERO, Gonzalo. Ibid.(32) ARIAS QUINCOT. Op. cit., p. 133.(33) NUGENT, Guillermo. “Alegrías inconstantes. Sobre individualismo y globalización”. En: Cultura y Globalización. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú y otros, p. 353.(34) LIPOVETSKY, Gilles. La era del vacío -Ensayos sobre el individualismo contemporáneo-. Traducción de Joan Vinyoli y otro. Barcelona: Editorial Anagrama, p. 50. (35) ROSPIGLIOSI, Fernando. Las fuerzas armadas y la democracia -La necesidad del control civil de las instituciones castrenses- APRODEH, p. 30-31. (36) Ibid., p. 31.(37) Tomado de: OLIVERA PRADO, Mario. Relaciones Peligrosas. Legislación desinstitucionalizadora y corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Defensa Legal, 199, p. 18.(38) Tomado de: OLIVERA PRADO, Mario. Ibid.(39) Ibid., p. 19.(40) Ibid., p. 20-21.(41) OLIVERA PRADO, Mario. Ibid.