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miércoles, 29 de febrero de 2012

MESA REDONDA: LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL

MESA REDONDA: LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
“A pesar de que el aspecto económico es un elemento importante en toda Reforma del Poder Judicial, considero que el paso fundamental debe partir de la calidad personal y profesional de quienes lleven adelante la reforma, es decir el Juzgador como persona que ejerce la función jurisdiccional con independencia e imparcialidad, las partes y sus abogados. En otros términos, la Reforma Judicial debe tener como punto de partida el elemento humano”.
ANÍBAL QUIROGA LEÓN
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(*) Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; exVocal Suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima; Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; Editor General de la Revista “DERECHO-PUC” de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Abogado en ejercicio.
1. ¿NOS ENCONTRAMOS EN EL MOMENTO ADECUADO PARA INICIAR UNA REFORMA PROFUNDA DE LAS ESTRUCTURAS DEL PODER JUDICIAL?
El Perú es un país que vive una permanente Reforma Judicial . Como lo enseña Jorge Basadre, desde el inicio de la época republicana hasta la fecha vivimos en permanente reforma judicial, y no ha habido Gobierno, de corte dictatorial o democrático, que no haya incluido esta dentro de las tareas a las cuales avocarse, la alegada: Reforma del Poder Judicial.
En nuestro país todo momento es adecuado para iniciar la reforma del Poder Judicial, pues vivimos en un constante ineficiencia del Sistema de Administración de Justicia, que tiene su origen en el origen de nuestro Estado, y esperamos logre tener un pronto fin.
Ninguna de las reformas judiciales emprendidas por los sucesivos gobiernos ha sido capaz de encontrar una solución a los problemas que siempre son objeto de análisis y evaluación; y menos aún ha recibido un balance positivo.
En esta oportunidad se pretende dar inicio a “una verdadera reforma judicial” que involucre la participación de jueces, autoridades públicas y a la tan mencionada sociedad civil, esto es a la ciudadanía en general representada por las Organizaciones No Gubernamentales.
En nuestra historia judicial encontraremos una recurrente queja respecto de la falta de autonomía del poder judicial, consecuencia de la permanente interferencia que dicho poder del Estado debe de padecer, en tanto que el Poder Judicial constituye, por regla natural, el órgano de control de los demás poderes públicos. Esta interferencia en las labores del poder judicial la hemos vivido desde siempre, y hasta hoy la debemos vivir. Hoy tenemos mayor registro mental de esta interferencia pues hemos podido ver en pantalla gigante cómo se realizaban las componendas, arreglos y presiones respecto de los Magistrados. El haber asistido como espectadores a dichas escenas ha marcado profundamente nuestra conciencia social y política respecto de la necesidad de un Poder Judicial independiente. La evidente interferencia del poder político, económico y militar en todas las instancias del Poder Judicial ha sido de tal magnitud que ha motivado, en parte, la actual Reforma Judicial. Decimos “en parte” puesto que creemos, que debe considerarse como un elemento trascendental en esta reforma judicial la decisión de los Magistrados de ser ellos quienes lleven la voz cantante en este proceso. Esto último es algo nuevo en los procesos de reforma judicial.
La reforma judicial no ha sido producto exclusivo e inmediato de lo que hemos visto desde septiembre del 2000, creemos que hay otros elementos que han detonado una decisiva participación de los Magistrados en este proceso de reforma, que ha sido ocasionada en gran parte por la pretensión de las actuales autoridades políticas de continuar interfiriendo en las decisiones del Poder Judicial.
Hablar de un momento adecuado para emprender un proceso de reforma judicial en nuestro caso es algo constante, puesto que para los operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados) y para quienes diariamente debemos acudir a los tribunales de justicia de nuestro país, constituye una necesidad elemental lograr un Poder Judicial sin interferencias externas, en realidad ello sería un sueño que muchas veces hemos considerado utópico.
2. ¿CUÁL CREE UD. DEBE SER EL PRIMER PASO DE LA REFORMA?
El primer paso para cualquier reforma estatal, creo que debe ser la disposición de las autoridades a emprender un camino hacia el cambio real, lo que conlleva necesariamente que las autoridades públicas pongan en revisión todos y cada uno de los puntos que pueden ser un problema institucional. En el caso específico del Poder Judicial creo que sin la firme convicción y decisión de los Magistrados del Poder Judicial de participar en el inicio de un proceso de Reforma Judicial, no puede iniciarse este proceso. Creo, asimismo, que quienes participen en el proceso de reforma del Poder Judicial deben tener en mente la posibilidad de dejar sus cargos, de no ser ellos parte del nuevo Poder Judicial, en aras de obtener a futuro un sistema judicial verdaderamente independiente, débese notar que estamos refiriéndonos a Sistema Judicial y no a Poder Judicial, esto es, la reforma que buscamos debe involucrar no solo al Poder Judicial, en sentido estricto, sino a todos y cada uno de los estamentos involucrados en la actividad jurisdiccional, incluyendo al Ministerio Público, las autoridades policiales, y obviamente a los abogados.
Las anteriores Reformas Judiciales como casi toda reforma institucional en América Latina han partido de la premisa de que una reforma supone cambios en el aspecto económico (presupuesto que asigna a la institución objeto de reforma) y de infraestructura. Ello conllevaba a la errónea impresión de que si el Poder Judicial tuviera una mayor Partida en el Presupuesto Anual del Estado, entonces existirían mejoras sustanciales en la administración de Justicia como consecuencia de que los Magistrados tendrían mejores expectativas de remuneración.
A pesar de que el aspecto económico es un elemento importante en toda Reforma del Poder Judicial, considero que el paso fundamental debe partir de la calidad personal y profesional de quienes lleven adelante la reforma, es decir el Juzgador como persona que ejerce la función jurisdiccional con independencia e imparcialidad, las partes y sus abogados. En otros términos, la Reforma Judicial debe tener como punto de partida el elemento humano.
Una “reforma judicial” que no tenga como actor principal la figura del Juez como sujeto principal del proceso, supone desnaturalizar el sentido mismo de dicho proceso de reforma, entendida como el proceso que debe tener como meta una mejora sustancial de la actividad que realiza el Juez: administrar justicia.
3. EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES DEBERÍAN SER LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN UNA EVENTUAL REFORMA DEL PODER JUDICIAL?
Los criterios a tener en consideración para una eventual reforma del Poder Judicial, luego de considerar la respuesta a la pregunta anterior, deberá tener como punto inicial de trabajo, la identificación de los principales problemas que han motivado la reforma judicial. A continuación, creo, debería por ejemplo considerarse lo siguiente:
a) Organización judicial y de los tribunales de justicia, distribución técnica y racional del trabajo jurisdiccional;
b) Procedimientos obsoletos;
c) Respecto a las partes y sus abogados, uno de los elementos que afectan a una adecuada administración de justicia es la necesidad de recurrir a elementos externos para que los jueces realicen una adecuada función jurisdiccional. Uno de estos supuestos es la entrega de dádivas o beneficios económicos por éstas a los Jueces, pretendiendo corromperlos con la finalidad de obtener un resultado a su favor. Lo expuesto no significa que los Jueces deben ser entendidos como víctimas, ya que al aceptar dichas prebendas incurren en responsabilidad funcional grave, lo cual afecta su imparcialidad. En tal sentido, considero que uno de los criterios principales de la reforma judicial debe concentrarse en optimizar los instrumentos de control de los Magistrados, (que no significa lo mismo que aumentar las sanciones vigentes) y fomentar, desde todo punto de vista, un cambio radical en la imagen del Juzgador. De pronto sería importante que los Magistrados se pregunten: ¿por qué casi son inexistentes los alumnos de las Facultades de Derecho cuya meta profesional sea la carrera judicial?
d) La adecuada preparación académica es importante, ahora bien, dicha preparación académica no supone que los Jueces deban participar (como ha ocurrido en los últimos años), sendos cursos de perfeccionamiento que al final no concluyen en ningún beneficio personal o profesional para el Magistrado. ¿Cómo se puede comprender que un Magistrado deba acudir durante 5 ó 6 años a interminables cursos de capacitación y luego de estos no ser ratificado en el cargo? Debería ser parte de la tarea ordinaria del Poder Judicial y sus autoridades administrativas incentivar la preparación académica de los Magistrados, lo que supone por ejemplo brindar ayudas económicas, fomentar la participación de los Magistrados en diversos cursos fuera del país, fomentar que los Magistrados participen de la actividad académica y docente de las diversas facultades de Derecho del país, etc.
e) Otro de los puntos que deben ser considerados necesariamente en cualquier proceso de reforma judicial es el relativo a la adecuada dotación de recursos materiales e infraestructura judicial, no podemos pretender que un Magistrado trabaje más de 8 horas diarias sin brindarle las comodidades mínimas de trabajo que cualquier profesional necesita, no podemos menospreciar la labor de administrar justicia diariamente realiza un Juez, siendo incapaces de brindarle los instrumentos que le permitan realizar dicha labor dignamente, en principio, para luego pasar a analizar cuáles son las comodidades de las cuales podríamos dotar al sistema judicial, para que la labor de administrar justicia no sea una mera obligación diaria sino el ejercicio de una profesión deseada y a la cual se ha llegado por convicción no por otros motivos.
4. EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, A PROPÓSITO DE LOS FALLOS EMITIDOS POR EL PODER JUDICIAL EN EL CASO MONTESINOS Y DE FALSIFICACIÓN DE FIRMAS, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE HA PRONUNCIADO DURAMENTE CONTRA DICHO PODER DEL ESTADO; DONDE INCLUSO ALGUNOS HAN SEÑALADO QUE SE TRATA DE UNA VIOLACIÓN DE SU AUTONOMÍA. EN ESE SENTIDO, ¿CONSIDERA UD. QUE LAS OPINIONES DEL PRESIDENTE POLITIZAN UNA EVENTUAL REFORMA Y, POR ENDE, LA INVALIDA?
Nuestra historia republicana, a unos años de cumplir ya dos centenios, nos puede dar evidencias de la incapacidad que hemos tenido los peruanos para contar con una real independencia de la magistratura judicial. Cuando nos encontramos frente a un aula universitaria y damos inicio a nuestras clases de Derecho Procesal resulta sumamente interesante poder ver la reacción de los alumnos, jóvenes de no más de 20 años, frente a ciertas definiciones que pretendemos explicar del modo más claro posible. Por ejemplo: El sistema judicial que conocemos en este inicio de siglo es el mismo que ha sido creado hace varios siglos, y que recién allá por el Siglo XIX obtuvo su independización y autonomía de los demás poderes del Estado, pues recordemos que en las centurias anteriores a la Revolución Francesa el Poder era Absoluto, y no existía aún aquella concepción moderna que gracias al pensamiento y obra de Montesquieu hoy podemos estudiar: La teoría de la separación de poderes en aras de que los ciudadanos obtengamos la libertad, la igualdad y la confraternidad.
Lamentablemente a más de dos Siglos de tan genial concepción no podemos decir que nuestro país haya adoptado plenamente aquellas premisas que resultan indiscutibles en otras latitudes, y que significan una real independencia y autonomía en la actividad jurisdiccional de los Magistrados. Esta semana que acaba de pasar hemos visto cómo utilizando a los medios de comunicación prácticamente se hizo un juzgamiento popular y consiguiente condena de un Magistrado del Poder Judicial, el pecado por él cometido fue aplicar la Ley que el Parlamento ha dictado, la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha emitido, y ordenar según ello: la caducidad (el término inmediato) de los efectos de una orden de detención. Ahora bien, todos los días, los Magistrados emiten resoluciones que ordenan la libertad de cientos de detenidos, todos los días el Tribunal Constitucional emite Sentencias ordenando la libertad de otro centenar más de detenidos por cualquier delito y bajo cualquier circunstancia. Solo ha bastado que aparezca en los medios un Señor Congresista y lea con un singular tono de voz aquello que la opinión pública necesariamente condenaría para que juzguemos y sentenciemos a un Magistrado, manchemos su honra y lo señalemos con el dedo como: fujimontesinista.
Creo que todos los ciudadanos tenemos derecho de criticar las decisiones judiciales, pero creo también que quienes se encuentran en una clara posición dominante, esto es, quienes ejercen cargos públicos o los altos dignatarios de nuestro país (incluyendo a los Congresistas por ejemplo) deben tener mucha cautela cuando vayan a referirse (sea ello para cuestionar o para alabar) a decisiones judiciales, puesto que por mucho que en teoría podamos decir que todos somos iguales ante la ley, ciertamente la opinión del Presidente de la República ante los medios de comunicación masiva tendrá un efecto notoriamente diferente a la opinión del Sr. Juan Pérez respecto de la responsabilidad de un Juez al dictar una Sentencia en el caso Montesinos; el Magistrado que diariamente realiza la tarea de administrar justicia es un ser humano, como cualquiera de nosotros, y como tal la opinión que respecto de él brinde el Presidente de la República será una a considerar especialmente, la opinión del Presidente no es la de cualquiera de nosotros, es una opinión que determinará ciertos comportamientos, si a esta opinión le agregamos el tono de las declaraciones hechas con motivo de los casos que se mencionan en la pregunta, creo que la combinación puede resultar explosiva, o ¿A caso un Magistrado no tiene el derecho a sentir miedo a ser echado del Poder Judicial porque al Presidente no lo gustó la Sentencia que dictó? Si a ello se suman las últimas decisiones que el CNM ha adoptado en determinados casos de ratificación de Magistrados, obviamente la respuesta a la pregunta es una sola: la altisonancia de los comentarios de cualquier alto dignatario es sinónimo de interferencia en la labor judicial. El escenario, lamentablemente, es el mismo que hemos vivido siempre, los actores son los que han cambiado.
5. ¿DEBERÍA LA CIUDADANÍA INTERVENIR EN ESTE PROCESO DE REFORMA, SI SE DECIDE FINALMENTE LLEVARLO A CABO? ¿DE QUÉ MANERA PODRÍA LOGRARSE ESTA INTERVENCIÓN?
Desde hace algunos años venimos escuchando una frase que por tan usada ha ido perdiendo significado real: la sociedad civil. Creo que la participación activa de los ciudadanos en los momentos importantes de la Historia de un país es vital. Mas aún, ninguna reforma institucional se podrá desarrollar sin la participación ciudadana, pero esto no es una novedad. Hoy se pretende vendernos la idea de que recién estamos participando de los cambios estructurales que se lleven a cabo en nuestro país. No creo que sea una novedad que los ciudadanos participen en las reformas que se desarrollan en una sociedad, sin la participación ciudadana estas reformas no se pueden dar, pero deberá tenerse siempre presente que la participación del ciudadano o sociedad civil como se le prefiera llamar debe realizarse dentro de los cauces adecuados. No es cierto que por contar con más representantes de las ONG´s en la labor de reforma judicial tendremos como resultado inmediato el perfeccionamiento del Sistema Judicial, y el motivo es muy simple, la función jurisdiccional es una de las tres principales funciones del Estado moderno, y se desarrolla conforme a reglas claras y por personas que se especializan en dicha materia.
Podemos esbozar mil quinientas teorías respecto de la importancia de la intervención de la sociedad civil en la reforma judicial, y ciertamente serán interesantes e importantes de considerar, pero si no encontramos que los Magistrados y todos aquellos operadores jurídicos que conforman el Sistema Judicial tienen voluntad, fuerza y ganas de participar de la reforma judicial no podremos alcanzar ninguna de las metas que se hayan trazado como parte del cambio.
El ciudadano tiene derecho a participar en los movimientos y cambios estructurales que le afecten de alguna manera, y debe hacerlo de acuerdo a lo que la ley ha determinado respecto de dicha participación, por ejemplo: cualquier comisión de reforma del poder judicial siempre ha incluido a representantes de diversos grupos sociales, en esa representación se encuentra la participación de la sociedad civil.
6. EN UNA ENTREVISTA TELEVISIVA, EL DR. MARCIAL RUBIO OPINABA QUE EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DEBERÍA SER ELEGIDO POR VOTO POPULAR Y NO MEDIANTE NOMBRAMIENTO, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA GOZAR DE LEGITIMIDAD POPULAR; PROPUESTA QUE SE VIABILIZARÍA MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN COLEGIO ELECTORAL. DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿CONSIDERA ACERTADA ESTA PROPUESTA, O EN TODO CASO, CUÁL SERÍA EL MECANISMO MÁS ADECUADO DE ELECCIÓN?
Sin perjuicio de manifestar mi respeto por la opinión del Dr. Marcial Rubio Correa sobre esta delicada materia, discrepo con ella. Nuestro sistema judicial no es único, exclusivo y excluyente para el Perú, no somos el único país que tiene este sistema judicial y si bien es cierto creo firmemente en la democracia de las instituciones, y en la voluntad popular como la fórmula más perfecta de elegir a una autoridad, no creo en el caso de las autoridades judiciales nos encontremos frente a un mero problema de legitimidad. Esto llevaría al paradigma de que siempre se elige al mejor, y el error en un sistema técnico de administración de justicia sería fatal, además del riesgo de politización absoluta de este cargo.
El actual problema del Sistema Judicial peruano no tiene por origen la representatividad o no de sus autoridades (sino veamos como ejemplo el descontento que se aprecia de la labor de los Congresistas cuando estos son electos mediante sufragio directo). Creo que para poder empezar a transformar a nuestro Poder Judicial, y ser coherentes con la reforma de dicha institución debemos ser estrictamente respetuosos de las leyes que determinan cómo, cuando y quienes pueden ser integrantes del Poder Judicial, si no partimos de esta premisa elemental va a ser muy difícil obtener frutos de la reforma que estamos emprendiendo nuevamente.
La administración de justicia -conforme la concebimos en el sistema romano germánico- es una labor especializada y que solamente puede ser realizada por quienes tengan (además de vocación), capacidad profesional para realizarla, lo que debe ser determinado, también, por quienes puedan evaluar dicha capacidad profesional; la voluntad popular no elige siempre al más capacitado, elige al más popular, lo que no nos garantiza una justicia adecuada a la ley, al derecho y por ende justicia. Hay un problema que tal vez no estamos llegando a medir en toda su dimensión: una decisión judicial no tiene que ser popular para ser correcta, debe basarse en la ley, pues de otro modo tendremos una decisión política y no judicial.
7. FINALMENTE, ES SABIDO POR TODOS QUE NO SON PRECISAMENTE LOS MEJORES CUADROS DE PROFESIONALES QUIENES TIENEN AL PODER JUDICIAL COMO OPCIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL; PERMITIENDO CON ELLO, QUE LOS ESTUDIOS DE ABOGADOS O LAS GRANDES EMPRESAS LOS ATRAIGAN A SU SENO. ¿QUÉ DEBE HACERSE PARA LOGRAR EL EFECTO CONTRARIO, ES DECIR, QUE ABOGADOS DE PRIMER NIVEL ASPIREN A LA MAGISTRATURA?
Esta es una pregunta ciertamente interesante para un profesor universitario. La Magistratura no es una profesión socialmente relevante ni atractiva en el Perú. Esa es una dolorosa realidad. Un ejercicio cotidiano de nuestra labor académica consiste en tratar que el alumno, tanto de los primeros años como de los últimos, pueda tener referencias de todas las posibilidades que existen en el mercado laboral respecto de la función que realizará como Abogado. Cuando preguntamos en nuestras clases de la Universidad a quiénes les gustaría acceder a la carrera judicial, la respuesta es a nadie. La carrera judicial en nuestro país no solamente es una labor no querida, sino que incluso es menospreciada.
Lamentablemente la crisis del Poder Judicial ha dado también como fruto (no querido ciertamente), que la gran parte de los futuros abogados de nuestro país no quiera ingresar a conformar las filas de la judicatura. En primer lugar hay que tener presente que son pocas las personas que tienen vocación de funcionario público, pero a ello hay que agregarle el expreso rechazo a la carrera judicial.
Por un lado tenemos que el plano económico ha desincentivado un acercamiento a esta importante labor. Pero no creemos que ello sea lo más importante, más allá del aspecto económico, no hemos encontrado en los últimos 17 años de labor académica que se incentive de algún modo la función del Magistrado, de modo tal, que se motive a los alumnos de las Facultades de Derecho a querer formar parte de la carrera judicial. Para poder contar en el futuro con grandes jueces, que quieran alcanzar un lugar importante en la historia judicial peruana, debemos en primer lugar obtener que el Magistrado tenga una imagen de hombre de ley y derecho, resarcir de algún modo la labor que realiza un Magistrado, en cuyas manos no solamente se encuentra la determinación de derechos patrimoniales, sino que tiene en sus manos tareas tan difíciles como determinar la libertad o no de una persona, siendo que la libertad luego de la vida es el más preciado de los derechos del hombre.
Debemos tratar de rescatar la imagen del Magistrado, sin ello no podremos obtener que en un futuro más o menos cercano la determinación de nuestros derechos se encuentre en las manos de un ser humano capaz de decidir sin ser sujeto de presiones externas, (sean estas de orden político, económico, etc.), y sin dejarse llevar por apasionamientos o resentimientos, y por sobre encima de todo ello, tener la seguridad que una persona honesta en todo el sentido de la palabra tiene el poder de decidir sobre nuestra vida, en la extensión que dicha frase puede comprender.