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jueves, 1 de marzo de 2012

SER JUEZ EN TIEMPO DE DEMOCRACIA

SER JUEZ EN TIEMPO DE DEMOCRACIA
Eduardo GONZÁLES VIAÑA*
Perú
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* Escritor.
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En Madrid, un juez dicta orden de prisión contra un ex jefe de estado extranjero que pasea por Londres, y su mandato es admitido por el Ejecutivo de su país y por el de Inglaterra, a pesar de que Chile es una potencia con la que se mantienen relaciones preferentes. Sea cual fuere la opinión de los miembros de los gobiernos de España e Inglaterra, todos saben que en la democracia, los decretos del juez no son discutibles por el Ejecutivo.
En Miami, las decisiones de un pequeño juzgado distrital detienen el conteo de las elecciones de los Estados Unidos. Su decisión y, posteriormente, la de la Corte Suprema son escuchadas sin chistar por un gobierno cuyos intereses políticos son absolutamente diferentes.
Debido a ello, un hombre con valor moral- o sea un juez- Garzón en Madrid, sienta jurisprudencia de que la decisión del juzgador va más allá de los gobiernos nacionales, e incluso adquiere jurisdicción extranacional en delitos contra la humanidad. De la misma forma, en cualquier verdadera democracia del mundo, el decreto o la sentencia de un juez solamente pueden ser cuestionados por superior instancia judicial. Y por nadie más. Únicamente la prepotencia de Stalin o Hitler, o la ignorancia de nuestros mínimos dictadores se han permitido declarar “aceptables” o “inaceptables” a los fallos judiciales. El Perú es un país que ha retornado a la democracia luego de un trágico decenio, y las voces responsables coinciden en que a su gobierno no se le puede pedir que vaya de la miseria a la prosperidad en uno o dos años, pero sí se le puede exigir un talante firme y una voz inteligente que reafirmen todos los días sus convicciones de que esto va a cambiar.
Y sin embargo, no es eso sino la juez Cecilia Pollack quien ha sido cambiada, al igual que el Fiscal Saavedra está cuestionado por el gobierno por el solo hecho de haber obedecido la Constitución y de haber aplicado las leyes del país al iniciar un proceso contra los comandos militares que, luego de la recaptura de la embajada del Japón, por órdenes de Fujimori, asesinaron a los emerretistas sobrevivientes en un accionar criminal que es indigno de las fuerzas armadas peruanas y que mancha la imagen maravillosa de un Francisco Bolognesi, o del Miguel Grau recogiendo del mar a sus adversarios vencidos. En el Perú de hoy, como en las antifascistas Alemania o Francia de postguerra, todos declaran ser antifujimoristas. Y está bien que así sea, pese a las encuestas de los tiempos pasados, porque todos tenemos derecho a la rectificación. Pero es importante aprender que el tránsito de la dictadura a la democracia no es el mero pasar de un nombre en japonés a otro en español sino el trueque de unos valores supuestos -la pendejada y el criollismo- por el respeto a las leyes, a la interdependencia de los poderes del Estado y al Estado de Derecho.
Escucho desde aquí lejos, pero no lo puedo creer, que el gobierno respalda las declaraciones del “ministro de Defensa”, aquel que ha declarado “inaceptables” las decisiones del juez. Si un ministro ha hecho eso, ha hecho “fujimorismo” porque ha tratado de imponer -sobre una mujer juez- para amparar a criminales, la supuesta e inexistente autoridad del Ejecutivo. Todavía no he leído el cese de este ministro por ignorante y brutal, pero supongo que lo escucharé después, toda vez que ahora a mi computadora le faltan megabites.
Alejandro Toledo protagonizó antes de ser presidente del país una acción muy valiente. Al frente de una marcha de peruanos pobres, avanzó hacia el palacio de gobierno para exigir democracia. Está ahora probado que el gobierno incendió edificios a su paso para acusarlo de terrorista, y todos sabemos que la mayoría silenciosa lo consideraba imprudente. Eso significa que los hombres de la dictadura lo podrían haber despedazado, como hicieron con los rendidos del movimiento Tupac Amaru. Y si hoy siguiera rigiendo la dictadura, muchos, y entre ellos el “doctor” Loret de Mola, declararían inaceptable cualquier acción judicial contra quienes hubieran despedazado al “terrorista” Toledo. Conclusiones: 1) El “doctor” Loret de Mola debe de salir del gabinete para que éste siga siendo un gobierno democrático, y sus supuestos estudios de derecho, antes de ser exhibidos y premiados con un ministerio, deben de ser probados, toda vez que su ignorancia tremenda hace dudar de ellos.
2) En medio de estas mismas circunstancias, el presidente Toledo ha acusado al 75 por ciento de los jueces del Perú de ser fujimoristas. Es su obligación probarlo y señalar de inmediato a quienes así califica. De no ser así, la suya sería una amenaza contra los que no compartan los criterios del Ejecutivo. Y es su obligación además intervenir solamente en lo que corresponde a su jurisdicción para que sus declaraciones no sean amenazas contra los jueces del país, y para que ellos puedan cumplir sus deberes sin temor a las represalias de la autoridad.
3) Hay muchos jueces internados en la cárcel por haber obedecido - debido al soborno o el miedo- los dictados del Ejecutivo anterior. ¿Ahora los jueces tendrán que obedecer al gobierno de turno- por miedo o por soborno- para no ser considerados fujimoristas?
4) En vez de ser un gobierno de los más fuertes, la dictadura es un estado de cobardía generalizado. ¿Lo que se quiere imponer a los jueces del Perú es dictatorial? …Claro que lo es. Y se necesita la estabilidad y la seguridad de los jueces para que de veras volvamos al Estado de Derecho, de la misma manera que necesitamos la persistencia de una moral valiente en nuestras vidas si pretendemos que América sea cuna de democracias y hogar permanente de hombres libres.