ADVERTENCIA

CADA ENTRADA INICIA CON EL TÍTULO DEL TEXTO Y EL NOMBRE DEL AUTOR.

miércoles, 26 de diciembre de 2007

LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL EN DEBATE

LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL EN DEBATE DUNCAN SEDANO VASQUEZ - PERU
Entrevista a José Dellepiane Massa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial
El Comandante AP (r) José Dellepiane es un hombre que parece saber lo que quiere. Alto, grueso, de gesto enérgico y bigote poblado, nos recibe sin mayor ceremonia en sus oficinas del segundo piso del Palacio de Justicia. Un inmenso ventanal se abre a la Av. Paseo de la República, a su profuso e inalterable tráfico de las siete y media de la noche. Mientras el Comandante da instrucciones a los subalternos que en gran número pueblan los recintos adyacentes, aprecio el tamaño y contenido de su despacho. Concluyo que debe ser el más elegante de todo el Poder Judicial. "¡Al fin!" - le digo, aliviado, al fotógrafo de esta revista. Y es que el Comandante se había hecho esperar dos horas (aunque, eso sí, de manera muy amable, con llamadas telefónicas y pedidos de esperen por favor que ya llego) pues una reunión trascendental lo retenía más de lo previsto.
Desde que fue creada, a finales de 1995 y mediante Ley No 26546, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial no ha cesado de adoptar una serie de medidas que, si bien tienen por objeto modernizar a éste, dejan de lado demasiadas veces la legalidad y el consenso que toda acción estatal requiere. El hombre que en la práctica dirige a dicha Comisión es José Dellepiane Massa, oficial retirado de la Marina y que según propia confesión no conoce ni domina rama alguna del Derecho. Su peculiar situación (un lego de la ciencia jurídica dirigiendo a quienes tienen el deber constitucional de aplicarla para administrar justicia), su manera resuelta aunque a veces arbitraria de tomar decisiones y lo controvertido de éstas le han atraído el rechazo (y no pocas veces el aplauso) de los profesionales del Derecho. El hombre común y corriente, en cambio, asiste silencioso a la pugna atendiendo más a los resultados que al modo como se obtienen éstos.
Con la dación de la Ley No 26623, que crea el Consejo de Coordinación Judicial, la contienda ha subido en intensidad. ¿Y qué prescribe la referida norma?: simplemente, el establecimiento de un órgano que permite la unificación del accionar de los distintos sectores judiciales (Poder Judicial propiamente dicho, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura), evitándose así la duplicidad de esfuerzos y la adopción de providencias contradictorias. Conforma dicho Consejo en calidad de Presidente el también Presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, Dr. Víctor Raúl Castillo Castillo; como miembros el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Carlos Montoya Anguerry, y el Presidente de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, Dra. Blanca Nélida Colán Maguiño; y a la cabeza de la Secretaría Ejecutiva, la Dra. Miriam Schenone Ordinola.
Si bien lo anterior parece bastante normal y hasta necesario, la crítica ha centrado sus baterías en una de las Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley. De contrabando, dicha disposición incrementa las atribuciones de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, convirtiéndola en un órgano casi omnipotente. Entre las atribuciones concedidas están el derecho de iniciativa legislativa, la de separar magistrados que no observen conducta e idoneidad propias a su función y la de asumir el gobierno de la Academia Nacional de la Magistratura, la misma que evaluará los conocimientos de Jueces y Fiscales. Como puede apreciarse, el Poder Judicial ha sido subordinado no al Consejo de Coordinación, como muchos desinformados creen, sino a una sola entidad --la Comisión Ejecutiva-- y a un solo hombre --el Comandante Dellepiane. Ya que él tiene en sus manos el futuro de toda la estructura jurídica del país, nos interesó saber si detrás de sus acciones existe un plan determinado, una lógica: por ello, acudimos a entrevistarlo.
Luego de cerrar la puerta, el Comandante nos invita a sentarnos alrededor de una mesa de directorio. No quiere fotos pues está en mangas de camisa y con el rostro abotagado. Ante la decepción del fotógrafo, ordena que un asistente le entregue uno de esos relamidos retratos de estudio. "Mi plata me ha costado" - dice. Enciende un cigarrillo y, mientras el humo nos ahoga, doy inicio al diálogo.
RJP: Sr. Dellepiane, ¿Para usted cuáles serían las características de un Poder Judicial ideal?.
JDM: Que forme parte del Estado peruano en función de un servicio de justicia al ciudadano. Si no respeta el Artículo 1o de la Constitución, según el cual la finalidad del Estado es la persona humana, entonces el Poder Judicial carece de razón de ser. El Poder Judicial tiene que ser un ente que preste ese servicio de justicia. Cuando una persona tiene un problema con la sociedad o con otra persona debe encontrar en el Poder Judicial la satisfacción de sus necesidades y sus justos reclamos. Si éstos son injustos, debe brindarse la transparencia e igualdad de consideración para que sea satisfecho. Ese es el Poder Judicial que yo, que soy lego y que siempre he estado en el ámbito del ciudadano, espero. Y eso es lo que trato de enfocar en mis acciones: primero, el respeto a la ciudadanía como un servicio.
RJP: Y, ¿hasta qué fecha funcionará la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial?. Me parece que en ese punto la Ley No 26623 no es explícita.
JDM: Disculpe, la ley sí es explícita; dice que es hasta finales de 1998. Lo que pasa es que existe un proceso de coordinación en el cual puede recomendarse, de manera autónoma, su ampliación. En este punto, el Poder Legislativo --que es quien ha expedido la ley-- da esa independencia pues dice: "Señor, usted es autónomo: si necesita más tiempo, hágalo". Esto es lo que nadie ha dicho en las críticas que he podido observar en los medios.
RJP: La Secretaria Ejecutiva del Consejo de Coordinación Judicial, Dra. Schenone, ha hablado de "corporativización" de los juzgados; ¿sabe usted a qué se refiere?.
JDM: Habría que preguntárselo a ella; sin embargo, probablemente sostiene esto porque, habiendo trabajado acá, sabe que nuestro plan inicial concibió una serie de estudios que intentan solucionar el problema de justicia para el ciudadano. Dentro de esas medidas se encuentra la corporativización de los juzgados que no es sino establecer estándares de lo que puede evaluar el juez para que realmente realice la justicia; en lugar de tener miles de casos, tendrá un número razonable que pueda atender como lo exigen los Códigos. Dicha corporativización tiene una serie de ventajas porque usted encuentra un "pool" de jueces que reciben expedientes y un "pool" de secretarios y amanuenses que ayudan al juez. En este sistema es el propio juez quien hace la justicia, ahorrando personal, desvinculando al secretario tradicional del expediente. Esto ya ha sido probado en la Corte Superior de Lima y ha tenido un éxito tremendo, lo que pasa es que lo bueno no se hace público. Entonces, lo anterior ha llevado al modelo que estamos aplicando, tanto para la descarga procesal como para la modernización. Además, creo que la corporativización es muy válida también para las fiscalías.
RJP: En cuanto a la atribución que la Ley No 26623 le concede a la Comisión Ejecutiva de poder separar magistrados que no observen conducta e idoneidad propias a su función, ¿no cree, Sr. Dellepiane, que esto es anticonstitucional pues la potestad de destituir jueces corresponde únicamente y según la Carta Magna al Consejo Nacional de la Magistratura?.
JDM: Por favor, tratemos de distinguir entre separación y destitución. Aquí existe una interpretación que ha sido tergiversada por muchos medios de difusión. La separación siempre ha sido una potestad otorgada a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando el individuo no cumplía requisitos; ¿qué cosa es requisitos?. Si buscamos en la Constitución, aparte del Artículo 1o que trata del ciudadano (no olviden este artículo, parece demagógico lo que digo pero es que ésta es la norma más importante de la Constitución), encontramos otro, cuyo número no recuerdo, que dice que el Estado preserva una serie de condiciones para el juez siempre que éste sea idóneo. ¿Qué cosa es idoneidad?: es un perfil del individuo. ¿Qué sucedería si se pone como juez a un ciudadano que tiene problemas con la justicia?. Esta situación del magistrado, que constituye el eje de uno de los más importantes quehaceres sociales, es muy delicada. Cuando usted se pone frente a un juez que va a decidir si es culpable o inocente, ¿qué le parece?, ¿le gustaría un juez con problemas?. Entonces, la idoneidad tiene muchos ángulos: la idoneidad de salud (un individuo que no está en condiciones de salud adecuadas, ¿puede juzgar a una persona?), la idoneidad de conocimiento (una persona totalmente desactualizada del quehacer jurídico), la idoneidad ética. Nosotros, los peruanos, no podemos poner en riesgo nuestra seguridad jurídica, entregándonos a la decisión de una persona que no es idónea. ¿No cree usted dable que este riesgo se evite de una manera transparente?: bueno, yo pienso que sí. Además, lo que creo es que esto no es anticonstitucional; hay una confusión entre lo que es institución, que está preservada totalmente, y lo que es responsabilidad. Fíjese bien, es responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura la destitución de jueces; la separación es probablemente una etapa previa. La separación muchas veces no es un castigo porque usted puede ser magistrado y tener un problema de estrés; entonces, no puede seguir. A continuación, será suspendido o separado, dependiendo de la gravedad de su dolencia o del problema que tenga de alejamiento del ámbito jurídico. Si esto es considerado una falta, usted puede ser destituido; pero si no lo es, se recupera y tiene su derecho expedito para reincorporarse.
RJP: ¿Y cómo se implementará este mecanismo de separación: a través de exámenes, a través de un control permanente?.
JDM: Eso dependerá del reglamento. Para ello se ha creado una Comisión de Reorganización de la Academia de la Magistratura, que es uno de los aspectos (la idoneidad técnica); la Oficina del Control de la Magistratura, que es otro tipo de idoneidad, también está reglamentándose... Y más no le puedo contestar porque son propuestas que van a comenzar a venir. Hay una Comisión de Alto Nivel presidida por dos Vocales y un Fiscal Supremos que van a proponer cosas.
RJP: Sr. Dellepiane, se ha criticado mucho la formación del Consejo de Coordinación Judicial aduciéndose que es anticonstitucional porque subordina al Poder judicial, ¿qué opinión le merece esto?.
JDM: Mire, yo no soy jurisconsulto ni pretendo serlo. Soy un ciudadano como cualquiera y, por lo tanto, no veo ninguna inconstitucionalidad. Analistas mejor preparados en el campo del Derecho podrán decir lo que tienen que decir. Cuando uno coordina es porque hay una necesidad de interacción. Los procesos en la justicia no son aislados: hay un fiscal que acusa en la parte penal, hay unos abogados, hay una enorme cantidad de instituciones o agentes que intervienen. Quiero que tenga muy en cuenta el Artículo 1o de la Constitución; o sea, la finalidad del Estado: muchas veces se pierde ese norte y ahí está la gravedad del problema. el ciudadano mira un bloque que se llama justicia y en el que entran la policía, los jueces, otros muchos elementos; ¿usted está pidiéndome que no se coordinen esos elementos?... Yo le digo que muchas veces las autonomías son mal entendidas y el resultado es que la ciudadanía condena a la administración de justicia; ¿no cree que si el resultado es malo debemos coordinar?, ¿acaso cree que coordinar es imponer?: salvo que usted tenga un diccionario diferente al mío, para mí no es eso.
RJP: Pasando a otro punto, ¿usted cree que la juventud puede desempeñar un papel fundamental en este nuevo Poder Judicial?.
JDM: Esa es mi apuesta. Sí señor: la juventud debe desempeñar un gran rol, un rol de trabajo, de un espíritu diferente. Queremos esos bríos de honestidad. Cuando yo ingresé a la Marina (y le voy a poner mi ejemplo porque no puedo poner otros), no lo hice para lucrar, para hacerme rico. Yo tuve una vocación y seguí esa vocación. En determinado momento tuve problemas económicos y por eso me fui de baja, por propia decisión. Entonces, partamos de mejorar las condiciones del magistrado para que éste pueda tener la seriedad social que necesita. El individuo que escoge al Derecho como profesión debe ver a la Magistratura como el máximo escalón de ésta. La juventud tiene que aprender y ese aprendizaje le proporcionará la vocación que necesita para ser magistrado; si no llega a serlo, puede ejercer el Derecho en forma privada, pero tiene que aprender, tiene que ingresar acá a ayudarnos. Es igual que el médico. Entonces, el abogado debería tener esa aspiración vocacional de poner en práctica los Códigos, de no estar comprometido sólo con el lucro. El lucro es muy respetable, pero después. La oportunidad que estamos tratando de armar como paquete para esa juventud no es plata; es conocimiento, es práctica. Eso nos ayudará a reducir costos, a reducir corrupción, a llevar mejor los procesos con ese ánimo efervescente del joven; nos permitirá ahorrar para pagarle mucho mejor a los jueces. Con esto, la carrera de la magistratura será realmente la carrera de excelencia del hombre de Derecho.
RJP: En este servicio de la justicia, los abogados desempeñan un rol esencial; sin embargo, no se han visto todavía medidas destinadas a racionalizar la carrera del abogado, a reducir el número de personas que por miles egresan cada año de las facultades de Derecho del país; ¿lo anterior no influirá de mala manera en el proceso que usted ha referido pues el Poder Judicial se nutre y vive de y en medio de los abogados?
JDM: Sí, eso es totalmente cierto. Nosotros somos el Poder Judicial (y digo somos porque yo me siento Poder Judicial: estoy contratado por la Comisión Ejecutiva para llevar a cabo un trabajo administrativo) y conocemos el problema: hay aproximadamente 4,000 estudiantes de Derecho de último año. Estamos en una economía libre, cada uno es libre de tomar sus decisiones; sin embargo, yo le digo que es excesivo el número de egresados versus la demanda. Esto genera problemas, no hay un balance armonioso entre estas dos variables; pero son variables de mercado. A la universidad le es muy rentable producir abogados y entonces actúa rentistamente. Lo que hay que hacer es una gran campaña para que el joven sepa elegir. En cualquier carrera donde hay mucha gente, el profesional bueno siempre triunfa... Sin embargo, hay que tomar en cuenta las variables del mercado. Nosotros estamos en contacto con los decanos de las facultades de Derecho, exponiéndoles la problemática que vemos acá y tratando que nos ayuden. Creemos que el inicio de esta etapa de coordinación puede ser también el inicio de una solución al problema. Esa es la coordinación: cuando los elementos están aislados y se autodenominan autónomos (que lo son) y no tienen un contacto entre ellos suficientemente fluido, surgen problemas de este tipo... Puede ser una solución puede que no, pero yo pienso que vale la pena el intento.
RJP: Y respecto a la policía, que desempeña un papel fundamental en los procesos penales, ¿se está contemplando algunas medidas de coordinación para crear así un cuerpo de auxilio a la justicia más eficiente, menos corrupto?.
JDM: Por supuesto... La coordinación es como un embrión: cuando nace masivamente se convierte en una situación poco operable; pero lo que comienza pequeño a actuar en consenso, amplía luego sus fronteras. La policía es un elemento esencial. Aparte de las reuniones que cotidianamente tenemos por los problemas de traslado de presos, de la labor de asistencia de la policía judicial, de las requisitorias, todo eso, hay un nivel "macro" de coordinación por hacer. Vuelvo a repetir: el ciudadano necesita justicia y la justicia la ve repartida en diferentes elementos. Sin embargo, él requiere la seguridad jurídica de dichos elementos; por ello, se tiene que coordinar. Vamos a los hechos: hasta la fecha el resultado que arroja la administración de justicia no es bueno; entonces; ¿qué cosa pretende el "status quo", los intereses creados?, ¿seguir en lo mismo?: pues mi respuesta es no. Yo no me presto a ningún juego de ese tipo.
RJP: Y a usted, ¿cómo le viene la oposición cerrada que le hace el gremio de abogados?
JDM: Todos tenemos derecho a opinar. Al respecto, yo no puedo decir nada. Lo único que pido real y francamente es que se respete el Artículo 1o de la Constitución.

Concluida la entrevista, el Comandante nos despide. Mientras atravesamos los pasillos todavía iluminados del Palacio de Justicia, le pregunto al fotógrafo qué impresión le deja Dellepiane. "Parece convincente", dice él. Y es cierto: varios de sus argumentos son realmente contundentes y es imposible ponerles un pero. Sin embargo, no siempre debemos fiarnos de las palabras. Los que mandan son los hechos y por los hechos habremos de valorar la era Dellepiane.