LOS "PRODUCTOS BASURA" QUE MATAN

LOS "PRODUCTOS BASURA" QUE MATAN La teoría de la inacción del INDECOPI y el respeto de la vida y la salud de los ciudadanos ENRIQUE ELIAS LAROZA (*) - PERÚ (Lima)
(*) Abogado, ex-Ministro de Justicia, Profesor Principal de Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1965.
SUMARIO: 1. !Pobres consumidores¡.- 2. Otros "productos basura": el robo, el engaño y la competencia desleal.- 3. ¿Es inexorable que la economía de mercado tenga estas lacras?.- 4. Con la vida y la salud no se ensaya.- 5. ¿Sirven para algo la Constitución y las leyes del Perú?.- 6. ¿Y dónde está Indecopi?.- 7. Indecopi y el sector informal.- 8. "No es función de Indecopi".
1.- ¡POBRES CONSUMIDORES!
En Lima, la capital del Perú, decenas de personas mueren cada mes por ingerir alimentos descompuestos, adquiridos en mercados de barrios populares. No hay estadística acerca de los miles de casos de enfermedades graves o daños permanentes a la salud de los consumidores que causan esos mismos productos. En Lima, los alimentos que se pudren en los mercados de los distritos de las clases pudientes son vendidos, al día siguiente, en mercados y tiendas de pueblos jóvenes y barrios pobres. Los pollos descompuestos son sumergidos en barriles inmundos de pintura amarillenta para darles un mejor aspecto que permite venderlos, para desgracia del consumidor, quien enferma o muere por el pollo podrido, por el veneno de la pintura o por ambas cosas a la vez. En Lima se venden alimentos fabricados con sustancias tóxicas, químicas y de toda clase, devastadoras para la salud. El consumidor no sabe nada de esto. Atraído por un precio en apariencia más barato, termina pagando con la moneda más cara e insubstituible: su salud o su vida.
En Lima se venden medicinas adulteradas, de fabricación casera o con fechas de vencimiento largamente superadas. Hay médicos que las recetan, muchas veces vinculados a los dueños de las farmacias que las expenden. Hay farmacias que trafican con todo esto, abiertas al público, generalmente en los distritos más pobres. Hay tiendas que venden licores que producen intoxicaciones graves y destruyen neuronas. Aquí también el consumidor es engañado y paga con la misma y costosa moneda.
El panorama en las demás Provincias del Perú es tan espantoso como en Lima. Todavía no terminamos de contar las decenas (¿quizás centenares?) de muertos, ciegos o enfermos graves que vienen perdiendo la vida, la vista o la salud, en las últimas semanas? gracias a los cañazos, yonques y bebidas fabricadas con metanol, según informan diariamente los medios de comunicación.
Nótese que los casos antes referidos son completamente diferentes al de, por ejemplo, un mendigo que hurga en una lata de basura para encontrar algo que le permita no morir de hambre. Este último sabe que se trata de un alimento desechado, sucio y descompuesto. Desgraciadamente, nada puede hacer, desde que su capacidad de compra es inexistente. Pero los que compran un producto letal en un mercado o en una farmacia tienen capacidad adquisitiva, aunque pequeña, y concurren confiadamente a lo que nuestro Código de Comercio de 1902 denominaba "lugares públicos de contratación mercantil" (intuyen --pobres de ellos-- que en esos mercados tienen alguna protección de las autoridades). Allí son timados, con el cuento del precio barato. Para cualquier abogado, es obvio lo que hace la diferencia: el dolo.
Esto nos lleva a concluir que hay distintas clases de "productos basura". No todos son iguales. No se puede? entonces? generalizar en forma superficial sobre los "productos basura", cuando muchos de ellos se venden con engaño y son un peligro para la vida y la salud. Todo raciocinio, por más lógico que parezca, debe ser desechado si conduce al absurdo. No se puede afirmar alegremente que los "productos basura" son "más importantes y necesarios de lo que parece a primera vista", cuando muchos de ellos, como hemos visto, producen muerte y enfermedades graves.
Ninguna teoría de sobrecostos o de efectos económicos puede condenar a un Estado moderno a permanecer impasible ante el engaño que conduce a la posibilidad de enfermedad o muerte del ciudadano. Es irresponsable e ilegal propugnar una política que pueda incentivar, directa o indirectamente, la producción y el consumo de estos "productos basura", por más que, aparentemente, parezcan mitigar la pobreza. Ello nos conduciría inexorablemente a la tesis cruel de la selección natural.
2. OTROS "PRODUCTOS BASURA": EL ROBO, EL ENGAÑO Y LA COMPETENCIA DESLEAL
Menos grave es el caso de otros "productos basura" que no son un peligro directo para la vida o la salud. Pero aquí también es preciso un análisis más cuidadoso.
Se trata de un sinfín de productos de pésima calidad: bicicletas que quedan destrozadas en pocas semanas de uso normal, zapatos con suelas de cartón que se deshacen si se pisa un charco, relojes que se rompen, muebles deleznables, pintura que no pinta, productos que no tienen los atributos que se pregonan.
Un primer vistazo a estos bienes puede llevarnos a concluir que llenan un vacío en un país pobre: se argumenta que las clases más necesitadas no pueden comprar productos de mejor calidad, por ser más caros, y, además, los consumidores saben que son de menor calidad y de mejor precio. Lamentablemente, en la mayoría de los casos esto no es cierto.
Diferenciemos, en primer lugar, entre dos "productos basura" que son distintos: los que no tienen marca o usan marca propia, no plagiada, y los que roban una marca ajena ("productos bamba"). Distinta es una pésima bicicleta de marca "Balazo", que nadie conoce, a la misma pésima bicicleta con una etiqueta falsificada de la marca "Peugeot", una de las mejores del mundo.
Los "productos bamba" (que, casi siempre, también son "productos basura"), añaden la peculiaridad de entusiasmar al consumidor con el brillo de una marca que no les corresponde y que es empleada en un producto que no cumple con los niveles y controles de calidad de los de esa marca plagiada. No es el único pecado de estos productos el robo de una marca de propiedad ajena. Es igualmente grave la mentira dolosa al consumidor, a quien siempre se le cobra más de lo debido por la utilización de esa marca. No olvidemos que muchos no reparan en el engaño (siempre es posible la venta de un tranvía al incauto).
Además de mentirle al consumidor, los "productos bamba" son el mejor vehículo para la competencia desleal que practican fabricantes y comerciantes inescrupulosos, que no pagan impuestos y son el flagelo de los industriales y comerciantes formales. Aunque parezca anecdótico, también practican la competencia desleal frente a aquellos "productos basura" que no roban marca: se vende menos una pésima bicicleta de marca desconocida que la misma pésima bicicleta con una marca famosa (lo cual hace que, en poco tiempo, las primeras ingresen también al mercado de las marcas robadas, especialmente al ver que las autoridades no hacen nada al respecto).
En segundo lugar, si bien todos los "productos basura" son más baratos ("bamba" o no), es una ilusión creer que sus precios guardan relación razonable con lo malos que son. El sistema que los produce tiene como principales métodos de venta el dolo y la mentira. Ni el consumidor más desconfiado imagina cuan malos son y termina pagando un precio aparentemente más barato, pero muchísimo más caro que lo que debería gastar en esa basura.
3.- ¿ES INEXORABLE QUE LA ECONOMÍA DE MERCADO TENGA ESTAS LACRAS?
Pocos dudan que uno de los principales logros del actual Gobierno es haber iniciado la liberalización de nuestra economía, agobiada por casi treinta años de ingerencia y reglamentarismo estatal. Se ha instaurado una economía de mercado, para bien del país.
No es la primera vez que la economía de mercado está en boga en el mundo. Por el contrario, lo estuvo en el pasado y, bueno es recordarlo, el intervencionismo estatal surgió como una reacción, aplaudida por muchos, contra los excesos del mercado, contra sus reglas despiadadas, contra su doctrina rígida y muchas veces inhumana.
Los que recordamos esos tiempos y deseamos que la desregulación y la privatización de la economía (y del propio sector privado) tengan éxito, sabemos que los peores enemigos del mercado son los teóricos que exigen la liberalización de las fuerzas del mercado a rajatabla. Quieren aplicar la receta con tal virulencia y con tal dogmatismo que parece que su verdadero propósito fuese el que todo ello fracase lo más rápido posible, incurriendo en los mismos errores y excesos del pasado.
Nos preocupa, por lo dañino que es para el sistema, que en el plano teórico se llegue a conclusiones reñidas con valores fundamentales tales como la vida, la salud y el buen fin de las actividades económicas. Una política encaminada a respaldar la producción y el consumo de "productos basura", sin distinguir entre los mismos en base a criterios razonables, y a eliminar la intervención del Estado para impedirlo, es la mejor herramienta para hacer fracasar al "mercado implacable". Peor aún: los que sustentan esa política permisiva argumentan que es inexorable (e inclusive "importante y necesario") el consumo de "productos basura" en un país con el grado de pobreza del nuestro, olvidando que muchas veces el riesgo es la enfermedad grave o la muerte. Y no tienen el menor reparo en mencionar, entre los productos basura "necesarios", "los alimentos elaborados en terribles condiciones sanitarias" y "las medicinas poco confiables".
Quienes no queremos, a ningún precio, que la economía de mercado fracase, sentimos que está muy mal defendida por los que admiten como normales tamaños despropósitos. Para ellos, no es el Estado quien debe impedir el expendio de productos letales, sino que deben ser los propios consumidores quienes, a través de información adecuada, decidan, en razón del precio y sólo en razón del precio, cuales productos (basura o no) desean consumir. Lo contrario, preconizan, puede convertir a la política de protección al consumidor en un arma contraria a los intereses de los propios consumidores, pues obligaría a que una economía de pocos recursos tenga que soportar los "sobrecostos" que tienen los productos de mejor calidad, "reduciéndose así los niveles de bienestar general".
Nos parece contradictorio, por decir lo menos, que se pretenda elevar el nivel del bienestar general mediante el consumo de "productos basura", comercializados sobre la base del dolo y el engaño.
4. CON LA VIDA Y LA SALUD NO SE ENSAYA
Es ingenuo tratar de justificar la inacción del estado sosteniendo que el propio consumidor está capacitado para defenderse. Se argumenta al respecto:
- Que cuando el consumidor compra "productos basura" asume un riesgo consciente, considerando que tal riesgo queda compensado con el beneficio de un precio menor.
- Que el consumidor, a través del proceso "ensayo-error", va depurando racionalmente su capacidad de libre elección. En otras palabras, debe tener la libertad de equivocarse y rectificar su error en el siguiente ensayo.
- Que el consumidor cuenta con "información relevante" sobre lo que adquiere. Al respecto, sostienen que no se debe exagerar sobre el contenido de la información relevante, pues el exceso de información encarece el producto y confunde al consumidor.
Estos argumentos, en el caso de muchos "productos basura", no tienen asidero y son un típico ejemplo de argumentaciones teóricas ajenas a la realidad. En efecto:
- Ante un "producto basura" que origina la muerte o un daño grave a la salud no puede argumentarse que se asume un "riesgo consciente". Lo que ocurre es que el consumidor es engañado por personas que actúan dolosamente, le ocultan los verdaderos riesgos y lo atraen con un espejismo: el "precio menor", que termina siendo el más caro de todos.
- Ante esa clase de productos, el cacareado proceso del "ensayo-error" no pasa de ser una entelequia: con la primera equivocación el consumidor, recluido en un hospital o en la tumba, no podrá jamás reparar su error ni convertirse en un elemento libre y consciente del mercado.
- Argumentar sobre cual es la "información relevante", tratándose de un "producto basura", es un ejercicio académico que no conduce a nada. El producto "basura" no tiene ninguna información para el consumidor. Ni relevante ni no relevante. Ni poco relevante ni muy relevante. Su sistema es el de la "no-información", pues está basado en el engaño doloso. Y esto es regla para todos los "productos basura", aún para aquellos que no originan daño a la salud.
5. ¿SIRVEN PARA ALGO LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL PERÚ?
Es necesario señalar que las drásticas teorías de tan celosos defensores del mercado se encuentran en abierta contradicción con la Constitución, las leyes del Perú y el más elemental sentido común.
La Constitución de 1993 establece expresamente, en su artículo 58, que la iniciativa privada es libre y que "se ejerce en una economía SOCIAL de mercado" (las mayúsculas y el subrayado son nuestros). Igual norma y con idéntico texto encontramos en el artículo 115 de la Constitución de 1979.
¿Significa esto que nuestros constituyentes son el último bastión del intervencionismo estatal? ¿Significa que ellos introdujeron subrepticiamente una norma que permita dar una batalla para frustrar las sagradas fuerzas del mercado y suplantarlas por un oculto estatismo?
Creemos que no. Con muy buen sentido nuestros constituyentes recordaron que la economía de mercado no es infalible, que la creación de un mercado no es fácil y que se requiere la intervención del Estado contra las distorsiones que impiden su operación eficiente. Los excesos y defectos de un mercado incipiente deben ser corregidos por una acción social acorde con el rol de subsidiariedad del Estado, sin que ello signifique impedir la libre acción de las fuerzas del mercado. Además, al establecer este principio rector los autores de las Constituciones peruanas no hicieron otra cosa que seguir el ejemplo exitoso de otros países partidarios de la economía de mercado.
Los que se horrorizan ante cualquier acción del Estado contra los "productos basura" y sus efectos letales olvidan que existen normas de obligatorio cumplimiento que regulan la convivencia civilizada en un Estado de Derecho. Estas normas tienen un costo individual (adicional a los costos sociales y económicos), en cuanto impiden que las personas puedan actuar con libertad indiscriminada. Los miembros de una sociedad, en razón del bien común, están obligados a comportarse de una manera predeterminada por regulaciones preceptivas que condicionan su actuación desde que nacen hasta que mueren. En las Leyes Fundamentales de todo país se obliga al Estado a proteger derechos esenciales de la persona y de la sociedad, entre ellos la salud, la vida y la persecución del crimen.
En síntesis, con independencia de la riqueza o pobreza de sus pobladores, los países establecen normas básicas destinadas a evitar enfermedades, infecciones, epidemias y delitos que atenten contra la existencia de una población sana y segura. Coherentemente, también prohíben la producción y el consumo de bienes que no reúnen condiciones sanitarias mínimas o que sean tóxicos. En los países pobres, lejos de estimularse el consumo de "productos basura", se propicia que no se desperdicie materias primas y trabajo en la producción de bienes de baja calidad o peligrosos para la salud.
La experiencia ha revelado que el consumo de "productos basura" desencadena males de alcances imprevisibles. Recordemos que en el Perú, hace pocos años, se produjo una elevada pérdida de vidas e ingentes daños económicos, originados tanto en el país como por las repercusiones internacionales del suceso, debido a una epidemia de cólera cuyo principal combustible fueron alimentos antihigiénicos. ¿Cual era en ese caso el mayor "sobrecosto"? ¿El que hubiese tenido un producto bueno, o las terribles consecuencias del "producto basura"?
Es igualmente erróneo calificar como "sobrecosto" a lo que es, simplemente, el costo normal de cualquier producto que se comercializa satisfaciendo condiciones sanitarias mínimas, aunque esto último demande un importe algo mayor que el que se gasta sin esos requisitos. Por el contrario, el verdadero "sobrecosto" es aquel que inexorablemente tendrá que ser pagado por los daños que producirá el consumo de los "productos basura".
Se sostiene también que "la calidad es un bien suntuario", por lo que para los pobres no es conveniente gastar en ella. Linda frase, en apariencia, que quiere demostrar que es preferible que el público de bajos recursos consuma productos contaminados o sea engañado, a pesar de los riesgos. Bajo ese prisma, la prohibición del consumo de "productos basura" se convierte en un "atentado contra el sentido común, contra la libertad individual y contra la autonomía privada". Novedosa tesis que podría conducir a la eliminación de muchas otras regulaciones que también entrañan limitaciones al irrestricto ejercicio de la libertad individual y de la autonomía privada, valores que dejan de ser tales en cuanto vulneran los derechos de los demás.
Si seguimos esta línea argumental podríamos concluir que el Perú, por ser país pobre, debe aceptar que en su territorio se deposite basura tóxica generada en países ricos. De esta manera asumiríamos un "riesgo consciente" a cambio de cuantiosos ingresos. El planteamiento no sólo es ilógico sino francamente inmoral.
En los países desarrollados resulta impensable que alguien propicie políticas semejantes. No porque sean países ricos, sino porque son sensatos.
También ocurre lo mismo en los países pobres, pues la pobreza no justifica el consumo de productos que atentan contra la salud o la vida, ni tampoco la permisividad ante el comercio delictivo.
6. ¿Y DONDE ESTA INDECOPI?
El Decreto Ley No 25868, que creó al INDECOPI, contiene normas muy claras sobre sus funciones con respecto a los temas que nos ocupan, o sea la protección del consumidor, la calidad de los productos y el combate contra la competencia desleal:
- INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger al mercado de las prácticas que generan competencia desleal (Artículo 2o, inciso a).
- INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger a los consumidores (Artículo 2o, inciso a).
- INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger la calidad de los productos (artículo 2, inciso c).
- INDECOPI no actúa solamente ante denuncias. Tiene plenas facultades para investigar y actuar de oficio (artículo 47o, incisos b y c). Estas facultades han sido ratificadas y ampliadas por el Decreto Legislativo No 807.
Más claro, imposible. El combate a la competencia desleal, la protección del consumidor y la protección de la calidad de los productos son responsabilidad directa de INDECOPI. Si hay gente que muere por ingerir "productos basura", si se roban marcas, si se engaña al consumidor con prácticas dolosas, si no se cumple con la calidad mínima de los productos, todo ello es responsabilidad de INDECOPI, entidad estatal que pronto cumplirá cuatro años de existencia.
No olvidemos que también es responsabilidad directa de INDECOPI el que se cumpla la Ley de Protección al Consumidor, Decreto Legislativo No 716, que señala que los consumidores tienen derecho a ser protegidos contra los productos que representen riesgo o peligro contra la salud y que prohíbe la comercialización de los mismos.
¿Ha cumplido INDECOPI con combatir adecuadamente estos flagelos?. Mal podemos contestar afirmativamente tal pregunta, cuando es fácil constatar que, en todo el país, continúan dándose en forma diaria y masiva.
Por otra parte, seamos justos. El mal no es de ahora. Por el contrario, tiene muchos años. Los organismos del Estado que tuvieron a su cargo combatir este comercio doloso fracasaron sin excepciones, tanto las Municipalidades como el Ministerio de Salud, la Policía, el Ministerio del Interior y todos los demás.
Por ello la creación de INDECOPI significó una esperanza: al fin había una entidad del Estado que podía tener éxito en esas funciones vitales. Lográndolo, garantizaba el suceso de una economía basada en el mercado. Eliminando los excesos de un libertinaje absoluto e inhumano llevaría a buen puerto un sistema que muchos, entre los que ciertamente no estamos ni hemos estado nunca, desean que naufrague.
Es evidente que en sus primeros años de existencia INDECOPI ha conseguido logros importantes: la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual, el sistema de Reestructuración Empresarial, los procesos de fiscalización de la concertación de precios entre empresas (que han tenido aciertos y no pocos errores), la atención de reclamos con respecto a empresas de diversa índole, entre otros.
Nótese, sin embargo, que los principales logros de INDECOPI se producen en el ámbito del "Sector Formal". Sin embargo --y sin ánimo de restar méritos-- es evidente que el trabajo en este sector presenta mucho menos inconvenientes y dificultades que en el "Sector Informal". El sector formal está compuesto, en su gran mayoría, por personas y empresas que desean cumplir con la ley, que tienen domicilio y locales conocidos, contadores, abogados, ejecutivos y organización administrativa. Es fácil aplicarles una sanción que se cumpla en forma efectiva. Si se les multa, pagan. En otras palabras es un sector donde la regla es respetar la ley y la excepción es transgredir la ley.
En el sector informal, por el contrario, los casos de cumplimiento de la ley son contados. Este sector es "informal", precisamente, porque su nacimiento mismo se produce al margen de la ley y sus operaciones, casi siempre, transgreden la ley. Es aquí donde encontramos que la acción de INDECOPI deja mucho que desear.
7. INDECOPI Y EL SECTOR INFORMAL
En las tiendas, mercados, farmacias y lugares de expendio de los barrios pobres y pueblos jóvenes es donde se produce principalmente el tráfico de productos de mala calidad, la venta de medicinas y alimentos que atentan contra la vida y la salud, el robo de marcas y las demás lacras que hemos referido. Es el reino de los "productos basura".
Es allí donde INDECOPI está obligada a ejecutar una política agresiva, de oficio, para realizar operativos constantes que permitan erradicar esas prácticas. Siendo muy importante la acción de INDECOPI con respecto al sector formal, lo es mucho más frente a la informalidad y el delito. Está en juego la vida, la salud y el bienestar de la población más numerosa y más pobre.
Hay factores, ajenos a la voluntad de INDECOPI, por los cuales no ha sido posible realizar estas acciones en forma oportuna y constante. Una, la falta de presupuesto adecuado. Otra, el tiempo que ha tomado la formación de cuadros y personal idóneo. Otra, las dificultades que presenta un trabajo de campo en pueblos jóvenes y barrios populares, o sea un medio difícil de conocer y atacar a fondo. Otra, la resistencia de algunos sectores del Estado a participar eficientemente en una labor conjunta.
Pero hay también otras razones que, esta vez, sí han sido de responsabilidad de INDECOPI. Veamos:
- Ha existido reticencia en algunos miembros de las Comisiones y Secretarías Técnicas de INDECOPI para llevar a cabo operativos en esos barrios.
- Ha existido (y existe todavía) la equivocada tendencia de tratar de transferir estas funciones a otras entidades, tales como la Policía, los Municipios, el Ministerio de Salud, u otras. Grave error. Estas instituciones han fracasado durante muchos años en estas tareas. INDECOPI no puede abandonar su responsabilidad. Puede utilizar la labor de esos entes, pero no puede renunciar a su deber insustituible de dirigir y coordinar todo el proceso.
- Se adoptó muchas veces una actitud pasiva, sosteniendo que no era función de INDECOPI realizar operativos de oficio en el campo de la competencia desleal y la defensa del consumidor. Se argumentaba que la acción de INDECOPI debía responder a denuncias de parte y no a la iniciativa de la institución.
- Se fijaron procedimientos y cobros sumamente onerosos por parte de INDECOPI para que fuese posible plantear denuncias, lo que originó que los agraviados desistiesen de interponerlas.
- Se supuso, equivocadamente, que era suficiente hacer publicaciones e informar a la población para que los propios consumidores tomaran la iniciativa y se organizaran contra los comerciantes inescrupulosos y plantearan sus denuncias ante INDECOPI. Salvo excepciones, ello no ha ocurrido.
- La acción de campo en pueblos jóvenes, mercados y barrios populares tiene dificultades y no es atractiva. Es más cómodo y fácil fiscalizar al sector formal. La burocracia tiende a ser pasiva ante esta clase de retos.
Todos estos defectos son superables. Si hay voluntad de hacer las cosas bien, es solamente cuestión de tiempo, mayor inversión de recursos, imaginación y trabajo.
Pero hay algo que jamás podrá subsanarse, que no tiene solución, que es un veneno ideológico que paraliza todas las voluntades: la convicción de que no se debe hacer nada.
8. "NO ES FUNCION DE INDECOPI"
No es posible que en un país pobre como el nuestro INDECOPI se convierta en un árbitro o en un fiscalizador más del sector formal. INDECOPI es un organismo de elite, integrado por brillantes profesionales y personal altamente calificado, dotado con una excelente infraestructura material y sueldos que figuran entre los más altos del Perú, muchos de ellos financiados desde el extranjero pero con cargo final al Tesoro Público.
La ley encarga a INDECOPI, sin la menor duda, la defensa del consumidor, la calidad de los productos y el combate a la competencia desleal. Es inadmisible que INDECOPI abandone su insustituible labor en el sector informal, pues de ello resultan afectadas las personas más pobres y más numerosas de nuestro país.
Hemos dicho muchas veces que los brillantes funcionarios y profesionales de INDECOPI deben aprender a "ensuciarse los zapatos" en los pueblos jóvenes, en los mercados y en los barrios populares. Es una frase antigua, muy conocida entre políticos, que parece que ha molestado a algunos. Nos disculpamos por ello. Pero sigue siendo una frase que diferencia en forma gráfica a las personas que prefieren la comodidad de una oficina de las que no rehuyen el trabajo de campo.
Desgraciadamente, no hay frase gráfica para describir a los que quieren llevar la teoría de la inacción a un plano más "elevado". A los que opinan, desde altísimos cargos del propio INDECOPI, que no se debe hacer nada frente a los horrores del "producto basura", pues lo contrario sería atentar contra las sagradas fuerzas del mercado.
Además de estar profundamente equivocados, deberían tratar de explicarle a los familiares de los muertos, de los ciegos y de los baldados por los cañazos y yonques, en estas últimas semanas, cómo se justifica la inexplicable ausencia de INDECOPI en todo este deplorable escándalo nacional. Cómo han cumplido, en estos casos concretos, con defender al consumidor asesinado por la actitud permisiva del Estado.